El Acuerdo de Escazú, AE, Costa Rica, 2018, signado ya por el gobierno peruano en su momento, por la ex ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, está en el estadío de ratificación por el Congreso, previo a su vigencia. Es un acuerdo jurídico en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, concordante con el Principio 10 de la Declaración de Río 1992: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda…”.
El AE considera tres aspectos: acceso a la información; participación pública y acceso efectivo a la justicia, para el resarcimiento de daños. Es un acuerdo con disposiciones específicas para asegurar un medio ambiente sano y propicio para la defensa de los derechos humanos ambientales (Costa Rica, 2018, p.2).
En torno a su ratificación en el Congreso, han surgido voces contrarias a aquella, argumentando que el AE, afecta la “soberanía”, que es “innecesaria la participación ciudadana” o que “el poder en manos de todos no es poder, sino es caos, anarquía” o que las “ongs y las comunidades indígenas paralizarán los proyectos de desarrollo”.
Nada más alejado de lo considerado en Escazú. Esos argumentos contradicen el verdadero sentido de la democracia que es la participación ciudadana. Al respecto David Held (1997) señala que las esferas de poder (autonomía y nautonomía), comprenden la seguridad personal, el bienestar físico y sicológico, la oportunidad de ser ciudadano activo, la preservación de la identidad cultural, participación en asociaciones cívicas, influir en la agenda económica, participación en debates y actuar sin ser amenazado. Esta esfera de autonomía, es el verdadero poder democrático ciudadano. Caso contrario de conculcar el derecho ciudadano a su participación, se fomentaría la nautonomía. Caer en esa situación sería desnaturalizar la democracia con participación ciudadana. En Perú no podemos ni debemos tener miedo a la verdadera democracia.
No está demás señalar que la pandemia C19, ha retrasado que la ONU reconozca el derecho humano a un medio ambiente sano. Ergo, es prudente que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, ya que existen establecidos una serie de principios internacionales, recogidos en la judicatura nacional y supranacional. Que estas discusiones no obedezcan a extraños intereses del extractivismo inmisericorde, sino más bien respondan, al bienestar social, material y espiritual, para goce de las generaciones venideras de peruanas y peruanos.
