Hasta ahora han descubierto a cinco parlamentarias “mochasueldos” en el Congreso; entre ellas a una representante de Piura.
Todas ellas afrontan hoy denuncias penales por corrupción y cohecho, además, están en vía de expulsión de sus partidos políticos.
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Entre la “recorta sueldo” están María Cordero (FP); Heidy Juárez, Magaly Ruiz y Rocio Torres (APP), así como Katy Ugarte (PL), el descaro y angurria de algunas de ellas era tal que les recortaban hasta el 75% del salario a sus trabajadores.
¿Cuántos “mochasueldos” quedan aún impunes? No se sabrá si los propios afectados no se arman de valor y denuncian. “Mocharsueldos” es una vieja práctica y no solo ocurre en el Congreso sino también en los ministerios. Incluso, en los gobiernos regionales y ediles se “cobra diezmo” por ciertos cargos. Ni siquiera se salvan quienes ganan el sueldo básico.
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Esto evidencia que la administración y los cargos públicos se han convertido -para algunos sujetos inescrupulosos-, en un ‘modus vivendi’; convirtiendo el servicio y la política en una herramienta para vivir y enriquecerse a expensas de los más débiles a quienes extorsionan con un puesto de trabajo.
