Si algo se requiere con urgencia en el país es una reforma educativa que llegue a todos los pobladores por igual. De ese modo muchos ciudadanos no caerían fácilmente bajo la hipnosis de agitadores y extremistas que utilizan a las masas irracionales para atacar la propiedad privada y estatal, generando cuantiosos daños, pero sobre todo, exponiendo la vida de cientos de inocentes.
Los azuzadores hacen creer que atacando e incendiando locales se le hace daño al gobierno. Se equivocan, pues ni siquiera a la empresa privada le afecta significativamente los daños porque las grandes corporaciones activan sus seguros. El mayor daño lo sufre la cadena productiva, allí donde trabaja el conductor, el proveedor; el que da servicios y los propios trabajadores que se quedan sin trabajo.
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Esa violencia y destrucción demencial igualmente asustan a los inversionistas, quienes simplemente se van o cierran sus fábricas y empresas, por tanto, miles de personas que quedan sin trabajo. Una sociedad educada, con criterio y conocedora de la ley y los antecedentes del terrorismo, difícilmente serían presas fáciles de azuzadores violentistas.
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