Como ya es costumbre en el (des)gobierno de Pedro Castillo se tuvo que esperar las largas colas en los grifos de algunas provincias de Piura y de otras regiones del país, para que el Ejecutivo lance a Petroperú un salvavidas de mil millones de dólares, para asegurar el abastecimiento al público.
Si bien este aporte era indispensable para garantizar el abastecimiento de combustibles y evitar en cierta manera el incremento de precios -dos aspectos esenciales que impactan en la economía de la población, especialmente la de menores recursos-, cabe preguntarse: ¿Qué están haciendo mal las autoridades de la empresa para necesitar que el Estado -con dinero del bolsillo de todos los peruanos- tenga que estar salvándola cada cierto tiempo?
No es la primera vez que el Gobierno le entrega recursos. El pasado mes de mayo se le prestó US$ 750 millones para que “responda a sus obligaciones de este año fiscal” y se evite limitaciones en el abastecimiento.
Llama la atención que mientras para otras empresas petroleras en el mundo estos últimos meses han sido los de mayores ganancias, en nuestro país Petroperú más bien ha perdido, lo cual -en opinión de especialistas consultados por El Tiempo– solo puede tener una explicación: Ineficiencia de quienes llevan el timón de la empresa. Petroperú necesita urgente manejo profesional y técnico o sus problemas financieros continuarán.
En opinión del exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, en la entidad hay personas que no tienen conocimiento y solo se enfocan en sus negocios personales, entonces “la empresa se llena de burocracia con gente innecesaria que gana un montón de dinero y todo eso lo paga el consumidor final en la gasolina”.
La pregunta se cae de madura: ¿Hasta cuándo los ciudadanos tenemos que estar rescatando a una empresa que por decisión de diversos gobiernos, especialmente el de Castillo, es mal manejada? No olvidemos que algunos de sus directivos tuvieron que dar un paso al costado por serios cuestionamientos, e incluso uno de sus ex gerentes generales es investigado por el Ministerio Público por presunta colusión y negociación incompatible.
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