Lo que faltaba. Como si no fuera suficiente con el descuido del proceso de vacunación, que sigue siendo lento en Piura, la falta de coordinación entre el Minsa y la Dirección Regional de Salud ha generado desde el último viernes, gran confusión en la población de la región.

De manera totalmente irresponsable, ambas entidades en lugar de ponerse de acuerdo y dar un solo mensaje sencillo y claro a los ciudadanos, se han enfrascado en una especie de “juego de poderes”, respecto a si se debe o no mantener la obligatoriedad de usar mascarilla en lugares abiertos de la región Piura.

Mientras el último jueves, mediante la Resolución Directoral, la Diresa 0242 dispuso el uso opcional del cubrebocas en lugares abiertos desde este lunes 18 de abril; el último viernes el Ministerio dijo todo lo contrario: “El Minsa no ha dispuesto ninguna norma que elimine el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Su uso continúa siendo obligatorio y es una de las medidas principales para contener la propagación de la COVID-19”, dijo mediante el comunicado de prensa 921.

Para dar respuesta a la pregunta que se hacen los miles de piuranos, ¿a quién le hago caso?, El Tiempo recogió la opinión del Colegio Médico de Piura, el cual fue categórico en pronunciarse en contra de la norma de la Diresa. En un comunicado, el gremio profesional ha sido contundente al advertir que la medida dispuesta por el ente regional no tiene amparo legal y atenta contra la política sanitaria del Minsa.

Respecto a la experiencia de otros países que han implementado el retiro de la mascarilla, los especialistas del Colegio recuerdan que el país y particularmente nuestra región no están en el mejor escenario epidemiológico, y la cantidad de vacunados con tercera dosis no llega ni al 50%.

El desatino demostrado por los actuales funcionarios de la Diresa es una clarinada de alerta para que los ciudadanos, representados por las organizaciones sociales y comités de vigilancia ciudadana; así como las autoridades electorales estén atentas ante el riesgo de un uso del poder conferido para fines proselitistas en la actual campaña electoral. No olvidemos que algunos funcionarios de esta entidad habrían exigido cupos a los trabajadores para financiar campañas del partido del gobernador.