Que los Gobiernos Regionales no son el soporte que el Ejecutivo requiere para una lucha más eficaz contra el COVID-19, no es ninguna novedad. Los piuranos lo sabemos desde los primeros meses de la pandemia cuando el gobernador piurano, a pesar de que su gestión registraba uno de los niveles más bajos del país en el gasto del presupuesto para la pandemia, se opuso a ceder el timón de la estrategia al Gobierno que intentó instalar una base del Comando COVID en Piura.
Sin embargo, los errores y falta de entendimiento entre el primer mandatario y los gobernadores regionales no se solucionan con que el señor presidente del Congreso Manuel Merino de Lama, venga a decirnos lo que ya sabemos de sobra. Si realmente le importa que el presidente Vizcarra y las regiones articulen mejor su trabajo contra el virus, lo lógico es que mediante su bancada proponga una salida legislativa concreta al respecto.
Sin embargo, lo que claramente pretendió el último martes al aparecerse en Piura el mismo día en que se aprobó una de las normas más destructivas del fisco peruano (sobre la ONP), fue una jugada política. Llegar para criticar la falta de articulación entre el Ejecutivo y el GORE, compadecerse de los pobres damnificados del Km 980 y criticar el retraso en la llegada de plantas de oxígeno, sin proponer ninguna solución, no fue más que un evidente intento de “lavarse la cara”, ante la lluvia de críticas por poner en riesgo la solidez económica del país, con una más de las leyes populistas que hacen ver a este Congreso como peor que el disuelto.
Y es que la táctica de muchos parlamentarios en esta pandemia no ha sido otra que aprovecharse del ruido propio de la coyuntura, para desviar la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía, para que nadie analice las consecuencias de su desastre. Día tras otro, semana tras semana se proponen proyectos cada vez más disparatados; algunas leyes se aprueban sin el necesario paso por las comisiones pertinentes e incluso, como la reciente norma sobre los trabajadores CAS de EsSalud y Minsa, se las exime de la segunda votación. Hecho el daño, corren a las regiones a “lavarse la cara”.
