La administración del agua siempre será un tema delicado, pues no solo se trata de un servicio, sino de un derecho humano elemental.

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¿Puede o debe tratarse la dotación de agua a las familias como un asunto de negocios, como parece indicarlo el intento del Ejecutivo para que los empresarios privados puedan vender el agua producida por el Estado? He ahí el centro del debate. Evidentemente, la primera respuesta es que los recursos mediante los cuales se hacen cumplir los derechos fundamentales, como el derecho a la vida o a la salud, no pueden ser materia de comercio de cualquier tipo.

No obstante, ¿qué pasa cuando el supuesto garante de esos derechos, el Estado, es incapaz de cumplir con su tarea y se ve obligado a transferir parcialmente sus poderes a los empresarios privados?

Para algunos teóricos -y para un sector de la población- la solución es la coparticipación del sector público y los empresarios. Mientras unos salvaguardan el acceso universal al agua potable, otros optimizan rendimientos y aportan a la administración del servicio esa cuota de dinamismo que le permitirá cumplir e incluir a más personas como partícipes del beneficio.

Aparentemente, es un sistema racional: se trataría de conjugar la vocación inclusiva del Estado con la eficiencia del sector privado. ¿Pero es cierto que el privado no falla?

A unas horas de Piura, hacia el norte, podemos ver los efectos de años de privatización del agua y el retorno arrepentido a la administración pública. Para los tumbesinos, la administración de Aguas de Tumbes S. A. (Atusa) resultó ser una onerosa estafa, pues los compromisos asumidos por la entidad particular no se cumplieron y provocaron un retroceso en la administración de un servicio que en Tumbes -como en Piura- es aún inalcanzable de miles de familias.

No tenemos la intención de desprestigiar las iniciativas privadas, pero sí creemos que debe procederse con mucho cuidado y con criterios técnicos, pero, sobre todo, teniendo por delante un horizonte humanista. Sí, los número más importantes son las de expansión del servicio e inclusión de más familias, sin que esto lleve a los consabidos “sinceramientos” de tarifas que solo hacen más lejano el anhelo de una distribución equitativa de los recursos. En esta región, en este país y en este mundo, nadie debería sufrir por falta de agua.