Parece que los alcaldes han comprendido que su deber en estos momentos es asumir un papel más representativo en la demanda de atención para Piura, no solo pedir la ayuda y quedarse sentadas esperándola.

En nuestro, país, lamentablemente, el reconocimiento de derechos tan elementales, como el derecho a la vida, a la salud o a la educación, dependen de qué tan fuerte sea la voz de quien los reclama.

Piura, la región toda, está obligada a unirse para hacer que el clamor de varios se convierta en uno solo, más poderoso y convincente.

Repasemos las cifras del desastre en Piura: la lista que maneja el Gobierno Central señala que hay 2.000 damnificados. A pesar de la cifra, la ayuda mediante el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), que contempla la entrega de S/ 500 a cada registrado, solo ha llegado a 33 personas.

Hay 99 consecuencias ciegas, pero solo se está trabajando en nueve con la maquinaria (12 vehículos) que Lima ha tenido a bien entregar.

Mientras tanto, el temor a las lluvias, a nuevos huaicos en Canchaque, etc., mantiene en vilo a los piuranos.

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Es natural que, ante tremendo espectáculo, cualquiera se pregunte dónde está todo el dinero de la Reconstrucción, dónde están las defensas ribereñas y dónde está la asistencia que el Ejecutivo debe a Piura y al resto del norte peruano.

La respuesta está detrás de las nubes, y no es ésta una referencia metafórica al cielo, sino a las nubes negras de justificaciones que desde el 2017 se han interpuesto entre nosotros, los eternos damnificados, y la realidad de abandono, despreocupación, centralismo tóxico y otros tantos males que han sido disimulados durante seis años con frases bonitas, con promesas, con cambios en la ARCC, con información a medias.

Si las autoridades de la región han decidido unirse para protestar y reclamar, debemos ayudarles y unirnos para demostrar que en la posición piurana no hay fisuras, que estamos todos involucrados hasta el cuello en el asunto. Aquí no cabe dividirse entre los que viven en tazones y zonas inundables, y los que están en partes más altas.

Es una cuestión ética que estamos obligados a apoyar y a la que nadie puede rehuir por más protegido que esté.