En los últimos once años, en el Perú el gasto en personal del Estado ha experimentado un fuerte incremento, sin que esto implique mayor eficiencia en la administración y gestión pública.

Lamentablemente, gracias al Gobierno Regional, Piura es a nivel nacional uno de los malos ejemplos de gestión pública, debido a los paupérrimos resultados en ejecución e inversión pública, los que contrastan con los abultados sueldos de autoridades y funcionarios de turno.

La planilla regional, según una investigación de Vigilia Ciudadana, se acerca a los 50 millones anuales en sueldos pero el nivel de inversión solo llega al 24.4%.

Si ya antes de la pandemia la ineficiencia de los funcionarios sin el perfil requerido y nombrados a dedo, por favores políticos, era uno de los principales problemas de esta gestión; ahora en plena crisis cuando la economía regional dependen en gran medida del impulso de la inversión pública, el problema es mucho más complicado.

Si dejamos que el valioso dinero público siga engordando los bolsillos de funcionarios ineptos e ineficientes, simplemente corremos el riesgo de frenar aún más el desarrollo de Piura con gravísimas consecuencias para todos.

Corresponde al Consejo Regional iniciar un proceso de revisión de las remuneraciones y hojas de vida de los funcionarios para verificar si cumplen con el perfil establecido en el MOF y el ROP y si se justifican sus sueldos, a fin de formular las denuncias debidas en caso se compruebe que hay irregularidades o dolo.

No solo eso, urge que Recursos Humanos del GORE promueva acciones de capacitación para mejorar la eficiencia del personal en formulación de proyectos, gestión pública, etc.

La fiscalización y vigilancia es solo el primer paso. Las cosas no cambiarán si la actual gestión regional insiste en priorizar lo político a lo técnico en la contratación de personal.

Si no hay mejoras en la calidad del gasto público, habrá menos obras, menos inversión privada y la reactivación económica será mucho más lenta. Urge romper este círculo vicioso.