En este mundo de corrupción no es de extrañar que los dueños de las empresas quieran sacar provecho en las obras públicas con la complicidad de las autoridades.
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Es el caso del canal Chutuque. Controlaría General de la República confirma que las empresas que conforman el consorcio que tendrá a cargo los trabajos no son idóneas. No tienen las credenciales exigidas en los términos de referencia para ejecutar esta obra.
Esta empresa ha sido seleccionada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Lo primero que ha encontrado la institución de control es que parte del personal no tiene experiencia para la ejecución del servicio de descolmatación de dicho canal y la protección de Virrilá en el río Piura. Ella, la empresa (los dueños) presentaron documentos cuya veracidad no se ha podido demostrar. Las obras que dicen haber ejecutado, en Huancané Puno, no se realizaron, al menos no en el año que refieren los documentos.
Llama la atención como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que tiene la categoría de ministerio no haya sido capaz de verificar la documentación presentada por la empresa postora y, antes de entregarle la obra la hubiese sacado del proceso. Quizá, para una institución pequeña, como podría ser un municipio de la sierra estas cosas puedan suceder, pero no para la ARCC.
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Es lamentable lo que pasa, tanto con los empresarios que olvidaron toda norma ética y su modo de trabajo es el engaño y la mentira. Contraloría camina muy despacio y encuentra los errores o delitos cuando ya poco se puede hacer. Las entidades convocantes, también dejan pasar las cosas y por ello, tenemos obras paralizadas, mal ejecutadas y en juicios. El Estado, la justicia deberían de sancionar severamente a todas las empresas y a sus representantes que cometen estos delitos con el pueblo. Una obra mal hecha o paralizada afecta a la población, a los más humildes, a quienes menos tienen. Esto, no puede seguir así. No más impunidad con estas empresas.
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