Si bien la eliminación de zancudos en vuelo iniciada hace tres días en la región y desde hoy en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, debe quedar claro que el impacto de este barrido, aún estando a cargo de un “ejército de fumigadores” como dice el Minsa, no acabará con la epidemia; solo es un alivio momentáneo. 

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El malation usado para eliminar los mosquitos que ahora mismo propagan el virus, al no tener poder residual no protege a los hogares indefinidamente. Es decir, cuando las pupas y larvas que actualmente están desarrollándose en la basura, jardines, llantas, plásticos, botellas, etc. levanten vuelo, reanudarán el contagio.

De acuerdo a especialistas, como el infectólogo Juan Carlos Celis, la “fumigación nunca resuelve una epidemia”. Aunque el Minsa tenga a esta acción preventiva como algo prioritario en diversas regiones del país, es clave que el Ejecutivo reconozca que sigue equivocando el rumbo en el combate contra una de las peores epidemias de dengue de las últimas décadas. Mientras la presidenta Boluarte insista en no reconocer su responsabilidad política en el mal manejo de la emergencia sanitaria al mantener descaradamente en el cargo a una ministra a todas luces inepta; mientras esta última persista en dar respuestas lentas y mensajes desafortunados, las altísimas tasas de mortalidad y contagio que alcanzamos después de Venezuela, van a seguir creciendo. 

Pero la respuesta ante el avance del dengue no ha sido lenta por parte del Minsa con sus infructuosas declaratorias de emergencia e infaltables trabas burocráticas; también tienen responsabilidad los gobiernos regional y municipales por su lentitud y pasividad.  

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El otro actor cuya indiferencia e irresponsabilidad es combustible para agravar la crisis sanitaria es el ciudadano. Es indignante que, cuando las cifras en la región bordean los 40 mil infectados y 64 fallecidos, en Chulucanas se nieguen a abrir las puertas a la fumigación y que en Sullana en 4 mil viviendas simplemente digan no.

Si queremos frenar la epidemia debemos apoyar los mecanismos de presión contra estos enemigos de la salud pública. Si las fuertes multas no los hacen cambiar de opinión, la Fiscalía debe accionar contra ellos. A su vez, el Ejecutivo haría mucho si envía de una buena vez a la ministra de Salud a su casa por subestimar la epidemia.