Conforme pasan los meses de combate y resistencia de los piuranos a la pandemia, van surgiendo “efectos colaterales”, como el incremento de la inseguridad ciudadana.

Solo en las urbanizaciones del noroeste de la ciudad, cada semana los delincuentes cometen entre cinco y seis robos en casas.

El último martes, un empresario del transporte fue asesinado después de eliminar a uno de los asaltantes que intentaron robarle su minivan en Los Polvorines.

Solo en lo que va de la nueva normalidad (entiéndase después del levantamiento de la cuarentena), los robos de motos y mototaxis en la zona urbana de Piura se incrementaron de 1 a 4 y la tendencia es al alza.

La delincuencia no solo crece en cantidad sino que se “adapta” o diversifica de acuerdo a los tiempos de pandemia, como lo demuestra la reciente estafa masiva por parte de una red mafiosa que captó por Internet a numerosas profesionales de la salud (enfermeras y técnicas), sorprendiéndolas con el cuento del trabajo contra el COVID-19.

A esto se suman los delincuentes que estafan a los internautas con la venta de medicamentos y EPP “bamba”.

A pesar de esta predecible ofensiva del hampa, las instituciones llamadas a proteger a los ciudadanos se tardan en reaccionar y tienen serias limitaciones para brindar el servicio habitual.

La Policía en nuestra región arrastra una falencia que venía de hace varios años: la insuficiente cantidad de efectivos.

Este problema se agravó por el cierre de escuelas PNP y principalmente con la pandemia debido a que son numerosos los agentes de riesgo que debieron quedarse en casa, así como los que se contagiaron y podrían infectarse durante las labores de control, para hacer cumplir la inmovilización total dominical.

En el caso de las autoridades ediles, ya antes de la emergencia tenían problemas presupuestales para mejorar la seguridad ciudadana debido a la alta morosidad.

Con más de cinco meses de pandemia, la recaudación cayó estrepitosamente ahondando aún más la crisis financiera.

Cada vez son más los municipios que ni siquiera pueden pagar las planillas de sus trabajadores.

Menos hay dinero para contratar serenos y logística para el patrullaje. Urge que los alcaldes y sus equipos busquen salidas creativas, como involucrar al ciudadano en la seguridad.

El aplicativo VIPA es un buen inicio que debería ampliarse a la seguridad ciudadana.