Si lo mejor que el Ejecutivo tiene para enfrentar el complejo problema de la inseguridad ciudadana -solo en Piura ha causado este año más de 90 crímenes por sicariato-, es aplicar más medidas populistas, los ciudadanos tenemos suficientes razones para preocuparnos y desconfiar de su eficacia.

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Basta analizar algunas de las propuestas comprendidas en el Plan Boluarte que acaba de presentar el Gobierno, para darse cuenta que se trata de recetas desgastadas, viejas novedades que ya han sido anunciadas demagógicamente por anteriores gobiernos y no han funcionado o no se aplicaron.

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Una de ellas es la de contratar a policías retirados para incorporarlos al servicio y revertir el actual déficit de personal. Si se quisiera aplicar esta medida, la pregunta es: ¿cuántos exagentes están en condiciones, físicas y sicológicas para regresar a las calles y poner el pecho por el orden interno? Además, es sumamente importante conocer la solvencia moral de los potenciales reincorporados, no olvidemos que muchos de ellos han salido por faltas e incluso delitos. 

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Otra salida poco realista comprendida en el paquete de medidas, para las que el Ejecutivo está pidiendo facultades al Congreso, es incrementar las penas por el robo de celulares o carteras, sin duda una receta que muchos peruanos hemos escuchado desde que teníamos uso de razón.

Los especialistas en seguridad han advertido hasta la saciedad que no estamos ante un problema de penas blandas. Todo lo contrario, en el Perú las sanciones son altísimas. Así acaba de ocurrir con un excongresista, Michael Urtecho, sentenciado a 22 años por robar el sueldo a sus trabajadores. Para alguien que roba un celular, con todos los agravantes que hay, lo mínimo son 12 años de cárcel. ¿Cuánto más se van a elevar las penas? 

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Es decir, el problema no son las penas. Que en el país el hampa robe 5 mil celulares diarios y solo se detengan cantidades mínimas de ladrones no es culpa de las penas, sino de que el Estado esté haciendo poco o nada por fortalecer a una Policía cada vez más debilitada. El propio jefe de la I Macroregión PNP, ha señalado que en la región la institución tiene un déficit de 400 vehículos, entre motos y camionetas.

En fin, como advierte con dureza el exministro Fernando Rospigliosi, en el Gobierno no tienen ni idea de qué hacer para combatir a la delincuencia.