El gobernador de Piura, Luis Neyra, ha denunciado un sabotaje a la aspiración regional de tener un hospital de alta complejidad, y tiene razón. Es la tercera vez que esto ocurre. 

Cuando pensemos en que los derechos a la vida y a la salud son inalienables e irrenunciables, también pensemos en Piura, pensemos en las ocasiones en que esos mismos derechos nos fueron negados; recordemos la pandemia y los ensayos que derivaron en una enorme tasa de muertos; pensemos en el dengue y el irresponsable manejo de la crisis; acordémonos de cuántas veces estuvimos cerca de tener un hospital urgente para miles de personas, pero la politiquería, la ideología más nefasta y el capricho sin horizonte de algún mal líder nos alejó esa posibilidad. 

Hemos hecho esta invocación a la memoria porque creemos que el progreso de un colectivo está determinado por la nitidez de sus recuerdos: si fuésemos justos, castigaríamos políticamente a quienes se empeñan en destruir el sueño de un sistema de salud más equitativo y moderno. Ahí están los nombres de Hernando Cevallos, de Servando García y del nuevo ministro de salud César Vásquez quien pretende canjear el pedido del hospital por el “fortalecimiento del primer nivel de atención”. 

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Pretender intercambiar una demanda por una obligación del Estado demuestra la verdadera vocación de servicio del funcionario. Imaginamos que conocida esta noticia, los congresistas de la bancada regional estarán más que preparados para protestar como es debido. El “fortalecimiento del primer nivel de atención de salud” no debería estar sometido a negociación de ningún tipo, porque se trata de la forma básica de dotación del derecho a la salud; por otro lado, el tantas veces esperado hospital debería ser dado a manos privadas que con menos burocracia y menos costos “colaterales” podrían construir lo que el Estado tantas veces mezquinó.  

Al final de esta columna editorial, conviene aclarar que nunca quisimos ser deliberadamente pesimistas; alguna vez, como era corriente en el periodismo teórico, pretendimos ser relatores asépticos de la realidad, pero pasan los años y los ministros de Estado no cooperan. En estos casos, como el presente, la indignación es objetiva.