Cada vez son más los analistas que se suman a la preocupación por la falta de un norte en la declaratoria de emergencia, estrategia implementada recientemente por el Gobierno y que se supone debe servir para restablecer el orden y garantizar el imperio de la ley en Sullana, Ayabaca y los distritos de Suyo, Jililí, Lancones y Carmen de la Frontera.
Si bien, en sus primeros días, la medida generó esperanza en las familias de la región, ella empieza a esfumarse al comprobarse que hasta ahora, de la estrategia tan promocionada -como la solución al sicariato y el accionar de bandas criminales- solo hay palabras y buenas intenciones. El máximo jefe de la Policía Nacional ha admitido que casi la mitad de patrulleros en el país no están operativos. No se renuevan desde hace ocho a diez años.
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Este lunes, los delincuentes se burlaron del estado de emergencia y asesinaron a un joven comerciante en el asentamiento Carlos Augusto Salaverry de Sullana. Se trata del primer crimen perpetrado durante la emergencia, y bien podría ser un mensaje del hampa dirigido a la fuerza pública, una manera de desafiar a los operadores de justicia.
Si el objetivo es recuperar la tranquilidad en las calles de las provincias y distritos declarados en emergencia, lo menos que puede hacer la autoridad es pasar por alto esta actitud de provocación y rebeldía por parte de los maleantes. Las siguientes semanas son claves para que el Ministerio del Interior haga los ajustes necesarios de manera que se dé a la población pruebas y señales claras de verdadera voluntad política para un cambio de rumbo en la lucha contra el hampa.
Un motivo para volver a confiar en la autoridad son los logros visibles. Solo la captura de cabecillas de bandas locales y extranjeras, además de la desarticulación de las mismas, podría ser una buena señal.
La población ya no cree en promesas vacías, exige un plan de seguridad coherente y sustentable que incluya suma de esfuerzos entre el Gobierno central, el GORE y los municipios para comprar vehículos y reforzar las operaciones con apoyo de las Fuerzas Armadas, intensificar el trabajo de inteligencia y lograr capturas de cabecillas e implementar más cárceles. Mientras eso no suceda, los hampones seguirán desafiando a la autoridad.