Tal como señalan los economistas y analistas en nuestra edición de ayer, la clase política gobernante se ha convertido en el principal enemigo del país, en la gran barrera que impide el retorno de la inversión privada que genera empleo.
El país retrocede, el dengue sigue matando, El Niño Global se viene con fuerza y no hay obras de prevención, los asaltos y crímenes son el pan de cada día, la economía se enfría y lo único que se le ocurre hacer a la clase política gobernante es mantenerse ciega, sorda, muda y testaruda.
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En el Congreso -sin duda envalentonados por las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte: “El adelanto de elecciones es un tema cerrado”-, los congresistas hacen de todo para aprovechar al máximo su dosis de poder y luego del “caramelito” que les acaba de dar el TC impidiendo que sean disueltos, vuelven a sus tropelías creyéndose intocables.
Mientras se blindan a punta de acuerdos bajo la mesa, mientras pagan favores con proyectos de ley como el que busca resucitar a 11 universidades con licencias denegadas, mientras la presidenta Boluarte entrega en bandeja el Ministerio de Salud a un investigado por corrupción para librarse de un futuro pedido de vacancia; en fin, en la medidad en que el Ejecutivo y Legislativo protagonizan este juego perverso que mantiene al país sumido en una eterna inestabilidad política y social, la inversión privada cayó 12 % en el primer trimestre del año.
Sólo la inversión minera se derrumbó en 23,2 % y la no minera cayó en 11 %. ¿Por qué cayeron tanto? Nada menos que por la alta inestabilidad política, social e institucional que aún vive el país.
Mientras en Palacio y en el Jr. Abancay hacen sus cálculos políticos y ya se sienten seguros en el poder hasta el 2026, la inversión no crece debido también a las bajas perspectivas que tiene el sector privado sobre el crecimiento de la economía peruana en un futuro cercano. Los actores del sector privado piensan que en el 2023 a 2024 la economía peruana tendrá un bajísimo crecimiento de entre 2 % a 3%; es por ello que paralizan muchos proyectos de inversión.
Nadie se arriesga a invertir en una situación que no está bien, más aún cuando la inversión pública sigue estancada por los altos índices de ineficiencia y corrupción.