Sin ánimo de atribuirles toda la responsabilidad sobre el pésimo manejo de la crisis en el sur por parte del Gobierno, es urgente reestructurar la Dirección Nacional de Inteligencia, institución que desde el año 2021 hasta la fecha, solo destaca por su ineficiencia.
La entidad encargada de ser ojos y oídos del Ejecutivo para prevenir, justamente, amenazas a la seguridad nacional y al orden interno, debe explicar ¿por qué no detectó ni detecta a los cabecillas de los bloqueos, incendio de locales públicos y tomas de aeropuertos?
¿A qué se dedica la DINI?
La única explicación posible es que los agentes de inteligencia y sus jefes hacen cualquier cosa menos trabajar. De otro modo no se entiende que aunque han muerto más de cuarenta peruanos desde diciembre y todos los días se suman más heridos, hasta la fecha no haya un solo detenido vinculado a las mafias del narcotráfico y la minería legal, que financian y dan sostén logístico a las movilizaciones violentas en regiones del sur.
Mientras en Brasil, por la toma del local de los principales poderes del Estado, hubo más de mil apresados, en Perú los que incendia patrulleros, provocan a ambulancias y comisarías, y atacan a la propiedad privada, siguen paseándose como sin nada.
Si el Gobierno quiere frenar la conflictividad antes que los radicales se traigan abajo el Gabinete y a la propia presidenta, necesita cambiar de estrategia, dejar de reprimir matando para empezar a detener y procesar a los cabecillas. Para ello, luego de la desnaturalización de las funciones de los jefes de la DINI impuestos por Castillo, es prioritario hacer una profunda restructuración de la institución, definir sus objetivos, rediseñarla y ponerla al servicio del Gobierno, en concordancia con los grandes problemas internos que tiene el país.
La mandataria Dina Boluarte y sus asesores deben ser conscientes de que al Gobierno le está fallando no solo la instrucción represiva de la Policía, sino también la inteligencia preventiva. Si no se apuran en conseguir interlocutores válidos para lograr el diálogo con las regiones, pero también si se sigue manteniendo un servicio de inteligencia inepto y burocrático, será mucho más difícil frenar el incremento de la violencia social. O el Gobierno actúa con prontitud o les entrega el país en bandeja a los antimineros, cocaleros y apologistas del terrorismo.
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