Bastante preocupación ha causado en la comunidad jurídica y ante la opinión pública la presentación de un conocido personaje, sometido a un proceso de investigación preliminar ante los medios de comunicación social, con el chaleco de la Policía Nacional que decía “detenido”.
A partir de allí, se han comenzado a generar diferentes opiniones a favor y en contra en el foro académico, sobre la exhibición de una persona ante la prensa y si esa presentación pública vulnera o no la garantía constitucional de la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia se encuentra contemplada en el Art. 2, inciso 24, parágrafo e, de la Constitución Política del Estado, al establecer que toda persona es considerada inocente, mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, es más la norma constitucional alcanza, que aún teniendo sentencia condenatoria y su proceso penal se encuentre con recurso impugnativo de apelación, todavía el imputado es considerado constitucionalmente inocente de todo cargo.
Uno de los antecedentes jurisprudenciales que tenemos es el relacionado con la decisión judicial de la juez de investigación preparatoria de la provincia de Ascope de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Dra. Ruth Viñas Adrianzén, mediante el cual ordenó al Ministerio Público y a la Policía Nacional, que se abstengan de presentar ante la prensa, esposados, con chalecos membretados y con la palabra detenido, a varios integrantes de la presunta banda delincuencial “La Alianza del Valle”, desarticulada en forma oportuna a través de un operativo policial.
Al respeto, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la exhibición pública de un detenido en forma indebida contraviene el artículo 5.2 de la Convención Americana. Por ejemplo, en el caso Loayza Tamayo vs. Perú. La Corte Interamericana señaló que la exhibición pública con un traje infamante, a través de medios de comunicación constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Evidentemente, la presentación pública y ante los medios de comunicación, de cualquier detenido con motivo de la imputación, produce un serio perjuicio a su imagen y violación a la presunción constitucional de inocencia.
