Lo más grave de la difícil situación que enfrentamos los piuranos debido a la carencia de defensas ribereñas que eviten una nueva inundación, más allá incluso de los estragos que puedan causar las esperadas crecidas de marzo, es la actitud de las autoridades regionales quienes se han acostumbrado a gobernar de espaldas a la población.
Cuando Piura, Castilla y Sullana se quedaron sin agua en enero de 2019, debido a la ineficiencia de una empresa sin experiencia contratada por esta gestión, tuvo que venir el ministro de agricultura a liderar las operaciones técnicas, y el gobernador solo apareció para la foto, no hizo ningún mea culpa, menos pidió disculpas a la población por poner en grave riesgo la salud pública.
La política del avestruz es casi el espíritu que rige la marcha de esta administración regional, que a pocos días del inicio del Año Escolar no tiene o no demuestra tener un plan para recuperar a más de once mil escolares que dejaron las aulas el año pasado, obligados por la crisis de la pandemia.
De un Gobierno Regional que posterga al personal de primera línea en el combate contra el virus y privilegia a los amigos que trabajan en oficinas, y siempre traslada la responsabilidad de sus falencias y tropiezos al Gobierno central o a la propia población; es muy poco lo que podemos esperar ahora que la ciudad de Piura -debido a falta de previsión de sus funcionarios-, ha quedado más vulnerable que durante el Niño del 2017.
La actitud pasiva e indolente instalada en la administración regional representa un riesgo mayor que las crecientes en el mes más lluvioso del año, porque a pesar de tantos errores, su líder ya demostró que nunca aceptará ni críticas ni ayuda de los colegios profesionales.
Las oficinas y áreas estratégicas siguen copadas por funcionarios que no reúnen el perfil técnico requerido para tomar decisiones clave como saber si se debe colocar rocas o geobolsas en las defensas del río, para evitar una nueva inundación. La reciente separación del Colegio Médico del Comando Regional Covid en medio de la segunda ola, no hace sino demostrar que en lo que les queda de mandato nuestras autoridades priorizarán sus intereses particulares y favores políticos, en lugar del bienestar de más de un millón 800 mil piuranos. ¿Y la vigilancia ciudadana?