Estamos al borde de los 200 días de haberse iniciado esta terrible pandemia Covid-19 en el Perú y en todo el mundo entero y como tal se han generado nuevas formas de convivencia, lo que ha permitido que la conducta personal, familiar y laboral a dado un giro de 360 grados.
Precisamente uno de ellos ha sido el trabajo remoto, pues durante esta grave situación del coronavirus que estamos atravesando, el trabajo a distancia viene cumpliendo una labor eficaz, lo que permite que muchos procesos judiciales no se suspendan y se sigan sustanciando con toda normalidad, toda vez que la administración de justicia en ningún momento debe parar.
Entonces, los despachos deben atender todas las diligencias con la finalidad de reactivar cada uno de los procesos judiciales o en todo caso se debe continuar con la impartición de justicia, pero dada la especial coyuntura que estamos viviendo, será a través de las audiencias virtuales y con el trabajo remoto de los operadores judiciales.
En virtud de ello, no será posible durante el tiempo de la Emergencia Nacional Sanitaria, que las audiencias se realicen en forma física en sede judicial, fiscal y policial, hasta mientras tanto se pueda tomar conocimiento de algún antídoto para curar este mal endémico que azota a la humanidad.
Por tal razón, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el pasado 04 de junio publicó la Resolución Administrativa 000173-2020-CEPJ, mediante el cual aprueba el Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales y ha autorizado se dé atención prioritaria a la realización de audiencias judiciales de toda clase, incluyendo a los juicios orales por los jueces penales.
Sin embargo, nos encontramos en una situación sui generis, que impide físicamente estar presente en cada una de las diligencias y, además, estar en contacto con los sujetos procesales por el inminente temor a ser víctima de contagio, pues el juez puede contagiar al acusado y este a su vez a su abogado defensor, y el letrado al fiscal, produciéndose un círculo vicioso.
Es necesario dar solución a los conflictos jurídicos producidos en esta época de pandemia. Se debe atender a las agraviadas víctimas de feminicidio, violencia familiar, violencia contra la mujeres, alimentos, así como sustanciar los procesos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, minería ilegal, extorsión, sicariato, entre otros.
