Los trabajadores de instituciones públicas, como las municipalidades, estaban impedidos de negociar colectivamente algún incremento de sueldo. Sin embargo, eso cambia a partir de ahora, que el Congreso derogó el DU 014-2010, generando la alegría y esperanza en más de 1.5 millones de funcionarios que podrán renegociar sus emolumentos, pero a costo de poner en serios aprietos a las propias municipalidades.
Para los dirigentes sindicales la norma era inconstitucional porque le negaba el derecho al trabajador de negociar; el MEF decidía los incrementos de acuerdo a los reportes económicos; pero en la práctica no se cumplía porque arrancarle unos soles al MEF era más difícil que modificar la Constitución. Esto dejó bajo “candado” cualquier beneficio laboral.
La derogatoria de esta ley, sin embargo, genera también preocupación válida que la AMPE ha hecho pública hace un par de días, ya que dejar que los propios trabajadores impongan sus sueldos significaría la quiebra de los municipios. El debate está abierto y exige, por ahora, establecer reglas para que los trabajadores puedan beneficiarse, pero no a costa de la crisis de las municipalidades.
