Sin dejar de reconocer que la llegada, hoy, de las primeras 300 mil vacunas son un paso fundamental en la guerra del país contra la COVID-19, luego de frustrantes semanas de espera, con ofrecimientos y cambios de fecha; es conveniente no magnificar el impacto que ello tendrán en la estrategia contra la pandemia.
Por doloroso que suene, la cruda realidad es que las decenas de pacientes internados en UCI en las villas de EsSalud, hospital Santa Rosa y en todos los centros de atención COVID de la región, no van a ser vacunados, no esta vez. Tampoco se inmunizará aún a aquellos que, al margen de las estadísticas oficiales, luchan por sus vidas en sus viviendas y ven nubladas sus esperanza ante la escasez de oxígeno que ya empieza a sentirse en Piura.
Si bien las vacunas son el mejor escudo frente a la pandemia, seguirán siendo inaccesibles para la mayoría de los peruanos. No nos engañemos, la inmunización masiva tardará muchos meses, quizá todo el año, e incluso más, dependiendo del tiempo de protección de cada marca y de cuán eficientes sean las gestiones del actual Gobierno y las del régimen que asuma en julio próximo. No olvidemos que la celeridad en los procesos de compra no solo dependen del aparato estatal, sino también de los compromisos de cada farmacéutica, dada la altísima demanda mundial.
Lo real es que en esta primera fase solo se inmunizará al personal de salud, profesionales de la primera línea de combate, bomberos, serenos y posiblemente los miembros de mesa, si las 700 mil dosis restantes de Sinopharm llegan según lo previsto el 13 de febrero.
Aún con nuestra primera línea de combate protegida, y con la moral en alto, Piura y el país no podrán cantar victorias. Justamente para que la vacunación sea cada vez más accesible, seguirá siendo necesario el compromiso y esfuerzo adicional de todos los ciudadanos mediante el responsable cumplimiento de los protocolos sanitarios, restricciones de movilidad y medidas sanitarias.
Otro paso importante es neutralizar la avalancha de noticias y mitos que siguen generando en la población un temor infundado hacia las vacunas.
El Gobierno debería evaluar algún tipo de sanción para aquellos que desde el anonimato que permiten las redes sociales, continúan sembrando miedo entre las familias más vulnerables respecto a la inmunización.