La Ley 31125, publicada en febrero de este año, resolvía que el Ministerio de Salud se encargaría de la conducción administrativa de las direcciones regionales del sector. ¿Por qué, a pesar de lo que dice la ley, la Diresa sigue mostrando cifras en las que los propios profesionales de la salud no creen; cifras que nos muestran con un sistema médico fortalecido, a pesar de que faltan camas hospitalarias y las UCI están colapsadas?

¿Se quiere evitar que el Minsa pueda tomar el control de la situación, habida cuenta del fracaso del Comando Regional COVID, creado casi como una pataleta frente a la disposición sanitaria nacional? Tal parece, como lo afirma la Federación Médica, que esa es la consigna y se pretende que el Ejecutivo tenga una imagen distinta de Piura, una en la que las camas sobran y los servicios de salud se dan abasto para todos.

Como siempre, quien pierde con estas acciones desleales es el ciudadano, el que debe ser protegido por las instituciones, el que emplea sus facultades para que el Estado y sus brazos operativos tengan razón de ser. Sin embargo, nos encontramos con otros posibles intereses en juego. ¿Por qué no se dice la verdad sobre la situación hospitalaria de Piura? ¿Por qué no se dice lo que realmente falta? ¿Por qué no se transparentan los precios de las plantas de oxígeno? Hay muchas otras preguntas, pero de momento formulamos estas de manera abierta y pública.

Los modestos resultados de la política sanitaria frente a la pandemia se explican también por la falta de claridad para dar a conocer de qué manera se está trabajando. La vacunación, a pesar de su necesidad, quedó en entredicho con las medias verdades y las aclaraciones débiles del Ejecutivo. En Piura, aún no sabemos por qué, contra toda lógica, se excluyó al Colegio Médico del Comando COVID de Servando García; no sabemos por qué la vacunación ha ido a paso de tortuga, no sabemos cómo se resolverá la omisión de profesionales médicos en la primera y segunda jornadas de vacunación.

La política de salud en Piura está de cabeza; necesitamos que las autoridades se vinculen con los problemas de los ciudadanos, que los ayuden, los orienten y que definan un plan colectivo a seguir. Y, si la ley lo indica, se debe dar paso al Minsa para que haga lo que se le haya encomendado.