Mientras la incertidumbre económica preocupa a los inversionistas y empieza a perjudicar los bolsillos de los peruanos, conforme se alarga la espera para que el JNE declare oficialmente quién ganó las elecciones; los actuales congresistas aprovechan el clima de polarización para aprobar leyes a su medida, entre gallos y medianoche.

Lo indignante es que no se trata de cualquier norma, muchas tienen que ver con reformas constitucionales que necesitan un debate muy reflexivo y técnico que es imposible de lograr en el cortísimo tiempo que les queda a los inquilinos del Parlamento.

Diversos analistas han expresado su rechazo a este nuevo revés que sufre el país por parte de quienes se supone que son los defensores de los intereses nacionales. El propio presidente Francisco Sagasti ha expresado su preocupación “por las reformas constitucionales apresuradas que pretende aprobar el Congreso en los tres días de Pleno que quedan de la tercera legislatura ordinaria, y que luego ratificaría en una controvertida cuarta legislatura”.

Poco o nada, sin embargo, parece importarles a estos mal llamados padres de la Patria, como Luis Valdez, quien se ha atrevido a amenazar con una moción de censura al jefe de Estado, por el solo hecho de cuestionar estas normas antojadizas.

Cabe recordarle a estos señores que, si bien personifican a la representación nacional, no pueden usar su cuota de poder para debilitar aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de fuerzas con normas disfrazadas con el ropaje de “fortalecimiento de las relaciones” entre ambos niveles de gobierno.

En lugar de perder el tiempo, remendar proyectos de normas a última hora o rechazando una supuesta injerencia del presidente en el Legislativo, el señor Valdez y los integrantes de la Comisión de Constitución, si de veras les importa el bien del país, deberían de abstenerse de generar más enfrentamientos estériles; aprovechar las últimas semanas en el cargo para dar normas que reduzcan el impacto de la actual crisis política y económica.

Así como el Ejecutivo ha demostrado neutralidad ante las Elecciones, corresponde al Congreso no pretender favorecer a alguno de los partidos de la segunda vuelta.