Por: Manuel Antonio Rosas Córdova / Abogado
A un año del próximo proceso electoral el ambiente político ha empezado a calentarse y más de un congresista, en primer término, a la voz: “de nuevo y acomodarse”, buscan por donde tentar un asiento en el Palacio de la plaza Bolívar. Así mismo en todos los ámbitos de las más importantes entidades públicas del Estado igualmente se registran movimientos y contiendas de competencia que rayan en abiertos enfrentamientos personales de los altos funcionarios de un lado y de otro que ocasionan en la ciudadanía una pérdida de confianza nociva para la salud democrática del país.
Así tenemos, en el escenario, a la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, arremeter lanza en ristre contra la Junta Nacional de Justicia en torno a la reincorporación de la de la otrora jefe máxima del Ministerio Público Patricia Benavides. Los ciudadanos miramos con estupor estos enfrentamientos desde el interior de una institución encargada nada menos que de velar por la defensa de la legalidad y la legitimidad.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado y a las leyes orgánicas de cada uno de los poderes públicos éstos gozan de plena autonomía en sus decisiones competenciales. Precisamente en este equilibro reside la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional para mantener la salud democrática de la República. Por consiguiente, las decisiones que se toman al interior de estas entidades tienen que ser acatadas por todos y garantizadas por el poder público.
Al llegar al final del ejercicio de la presidenta Dina Boluarte aquí se está viviendo un momento político y social sumamente difícil debido a que el Ejecutivo, que ella encabeza, se le está escapando de las manos la lucha contra los principales problemas que padece el pueblo peruano y que ponen en grave riesgo la vigencia de los Derechos Fundamentales de la Persona, que constituyen el fundamento legal de las garantías constitucionales que son normas de derecho público y de observancia obligatoria.
Los peruanos -especialmente los más jóvenes que recién ingresan a la ciudadanía- no tienen fe ni confianza en las autoridades a pesar de que entre ellas existen buenos y honrados funcionarios públicos, porque hay, en las informaciones diarias en todos los medios de comunicación acusaciones muy graves contra congresistas, jueces, fiscales, presidentes regionales y ministros de Estado, así como también contra otros muchos funcionarios de menor jerarquía. Muchas de estas imputaciones (que aparecen en los medios) caen en el escándalo y son las que, ante la opinión pública, ponen al descubierto la comisión de delitos. Un país estable y progresista es aquel que tiene gobernantes que gozan de la confianza de su pueblo.
El tiempo que se distrae en estas contiendas sectoriales y competenciales, impide que el Ejecutivo y el Congreso encaren y resuelvan los grandes desafíos de esta hora crucial como son la inseguridad ciudadana, la desnutrición infantil, la postergación de las comunidades nativas que aún viven con muchos años de atraso, y la falta de protección policial eficiente y suficiente para proteger la vida humana hasta en los más recónditos lugares del altiplano y de la selva.
De cara a esta realidad y ante la proximidad de un proceso de elecciones generales y regionales los medios de comunicación tienen la abnegada labor de publicar el resultado de sus investigaciones respecto a las personas que entrarán en la contienda para que no se repita la constante mala experiencia de llevar al poder a gente que tiene un prontuario delictivo. El ciudadano de a pie tiene el solemne deber cívico de concurrir a las urnas para elegir juiciosamente. Hay que pensar en darle a nuestro Perú un período constitucional en el que tengamos hombres y mujeres dignos de confianza y nutran la esperanza de la población por un tiempo mejor.
SEMANARIO EL TIEMPO
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