Sin ánimo de ser aguafiestas, los trabajadores que laboran para el Estado bajo el régimen de CAS no deben aún celebrar aún la eliminación de este sistema laboral por parte del actual Congreso en campaña populista, pues es seguro que este tema pasará a manos del TC ya que le costaría al Estado más de S/4.200 millones al año.
Hay un precedente el año pasado cuando el TC declaró inconstitucional la ley 31039 que aprobaba el ascenso automático del personal de salud. En esta norma también se incluía un artículo referido al pase de los CAS de EsSalud al régimen 728, que otorga los mismos beneficios del sector privado. Para el Gobierno esta norma y la que se ha aprobado recientemente, vulnera el artículo 79 de la Constitución que prohíbe al Congreso tener iniciativa de gasto.
Esta nueva ley, por ahora, no solo paraliza la contratación bajo el régimen de CAS, también entra en conflicto con el servicio civil (Servir) que busca que el Estado cuente con un régimen laboral único, pero que después de 7 años de implementado aun no da fuego; ahora, si el Gobierno no apela al TC, la eliminación del CAS beneficiará a más de 320 mil trabajadores públicos.
