La sorpresiva modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Ministerio Público, para reajustar los costos de los documentos que son solicitados por los ciudadanos al ejercer su derecho a la información con transparencia, es preocupante.

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¿Se pretende aburrir al ciudadano y disuadirlo, mediante el terror de las tarifas abusivas, de fiscalizar a quienes detentan el poder? Creemos que sí, que, lastimosamente, se ha iniciado una horrible campaña contra la participación ciudadana. Queda claro que hemos retrocedido a lo peor de los años 90.

No vamos a insistir en este espacio en la necesidad del control popular para el desarrollo y profundización de la democracia porque ello, a estas alturas de la historia, debería ser obvio. Nuestro sistema político supone, esencialmente, no solo la alternancia en el poder y la pluralidad de opciones dentro del marco legal, sino también la obligación del funcionario de responder a las preguntas de la ciudadanía y someterse de manera permanente al escrutinio de la sociedad. ¿Por qué la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quiere que se cobre cincuenta centavos por cada página escaneada enviada por e-mail a un solicitante, cuando dicho cobro es ilegal de acuerdo a la propia Ley de Transparencia? El precio, que puede parecer irrisorio a un sector, es lo de menos; el problema es que se grave al ciudadano para acceder a sus derechos. La luz, el agua, la Internet y la salud, servicios esenciales y derechos humanos, cuestan. ¿También se cobrará al ciudadano por su atrevimiento de preguntar cómo se conduce el país?

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A lo mejor Benavides ha creído que ser fiscal de la nación equivale a ser fiscal de los intereses del Ejecutivo, de algún mecenazgo político, o que el cargo le sirve exclusivamente para velar por sí misma. Recordemos que la funcionaria mantiene una guerra con la casi fenecida Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir que ésta o cualquier otro ente la investigue por su interferencia en el caso de “Los Cuellos Blancos”, el cuestionable nombramiento de fiscales provisionales, etc. Juzgue usted, caro lector, si todo tiene sentido ahora.

Lo peor que podría ocurrir es que otras instancias reproduzcan lo que ocurre en la Fiscalía, o que los funcionarios imiten el llanto del premier Otárola, quien no entiende por qué la gente pide tanta información.