Sexto curso del colegio. Teníamos cita para el servicio militar “obligatorio”. Nos presentamos llevando bajo el brazo radiografías, exámenes y certificados con columnas chuecas, pies planos, graves condiciones de asma, miopía, epilepsia o lo que fuera para cumplir con el absurdo trámite de demostrar que el joven no puede servir a la patria en el campo de batalla. Al final, todos salimos calificados como inhábiles.
He recordado este episodio de mis 18 años ahora que ha salido a la luz que asambleístas y funcionarios han obtenido fraudulentamente carnés de discapacidad para importar vehículos
más baratos.
Hay que ser muy sinvergüenza para inventarte una discapacidad y tramitarte con tus palancas e influencias un carné que te llena de privilegios. En cualquier país medianamente civilizado, estos políticos presentarían sus disculpas públicas y su renuncia.
Pero acá, nuestra clase política ha alcanzado tales niveles de cinismo que siempre hay una excusa.
Siempre hay otro escándalo que nos hará olvidar el escándalo anterior. Ahí continúan, en sus cargos, con sus privilegios, sin vergüenza alguna.
Pero también es verdad que vivimos bajo un sistema que incentiva estas conductas. Muchos, no solo políticos, se han palanqueado una discapacidad o un aumento en el porcentaje de su discapacidad para pagar menos por sus impuestos, servicios básicos, pasajes, o evitar que los despidan gracias a las indemnizaciones casi impagables que la ley exige para una persona con discapacidad. Y muchos más se benefician de esta trampa.
Los concesionarios de autos, por ejemplo, hacen campañas publicitarias dirigidas exclusivamente a compradores con carné de discapacidad. Sí, no es ilegal esa publicidad, ni le corresponde al concesionario verificar el origen o veracidad del carné. Pero ellos bien saben cómo es la movida. Participan de un sistema corrupto y tramposo que un exceso de impuestos y regulaciones impulsa.
