El TC con un fallo sustentado en 400 fundamentos legales abrió la puerta para que los condenados por terrorismo, bajo la premisa de haber alcanzado la “santidad” tras cumplir su sentencia y pagar la reparación civil, puedan participar en política.
Eso no es todo, también pueden trabajar para el Estado (maestros) y organizar y crear partidos políticos.
La realidad es que quien tiene vínculos y ha participado en acciones terroristas difícilmente se redimen porque sus ideales políticos o ideológicos no van a cambiar tras cumplir su pena. El caso de la senderista Rocío Leandro, detenida por promover y financiar revueltas en el sur, es un ejemplo; como ella hay muchos más.
El otro riesgo es la alianza que los grupos sediciosos hacen con el narcotráfico y con la minería ilegal. Son estos grupos ilegales los que financian la anarquía y el vandalismo porque a ellos les conviene la convulsión social para seguir operando cómodamente.
Pedro Castillo les dio beneficios y son estos grupos los que hoy intentan desestabilizar al Estado financiado las protestas y hasta es probable que ya estén confabulando para crear partidos y lanzar a los próximos “padres de la Patria”.
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