El ministro de Justicia, Enrique Álvarez Alcántara, declaró que Vladimiro Montesinos podría recuperar su libertad en 2026, siempre que no se le inicien nuevos procesos judiciales. Esta afirmación se dio durante una entrevista en Canal N, en el marco del debate sobre la aplicación de la ley que permite a los reclusos mayores de 80 años cumplir condena bajo arresto domiciliario.
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Durante la entrevista, el ministro también se refirió a los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, aclarando que será el Poder Judicial quien determine si califican para el beneficio del arresto domiciliario. Esta evaluación solo será posible una vez que exista una sentencia firme en sus respectivos casos.
Álvarez enfatizó que ni el Ministerio de Justicia ni el INPE tienen la facultad de conceder beneficios penitenciarios, pues corresponde exclusivamente al Poder Judicial analizar cada situación de forma individual. “No se trata de una medida automática”, remarcó.
«Criterios técnicos, no políticos, para aplicar beneficios»
Aunque evitó pronunciarse en detalle sobre los casos específicos de Toledo y Kuczynski, el titular del Minjus reiteró que la ley se aplicará en base a criterios técnicos y no políticos. Además, recordó que ambos deben culminar las etapas procesales correspondientes antes de acceder a cualquier beneficio.
Álvarez también reconoció que en los centros penitenciarios del país existen adultos mayores en condiciones humanamente precarias. Por ello, consideró oportuno que aquellos internos mayores de 80 años que cumplan con los requisitos legales puedan cumplir su condena en arresto domiciliario, siempre bajo la decisión de un juez.
Reforma penitenciaria y lucha contra el hacinamiento carcelario
En otro momento, el ministro se refirió al reciente fallo del Tribunal Constitucional que amplía hasta el 2030 el plazo para resolver el problema del hacinamiento penitenciario. Aseguró que el gobierno trabaja intensamente en la reforma del sistema carcelario y no espera agotar dicho plazo.
Explicó que los avances se vieron ralentizados por la pandemia de COVID-19 y otros factores imprevistos, pero reafirmó el compromiso del Ejecutivo de mejorar las condiciones penitenciarias del país.
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