La Contraloría General de la República reveló que 127 municipios de 18 regiones del Perú no ejecutaron el presupuesto asignado para adquirir insumos del Programa Vaso de Leche durante el primer semestre de 2025. Este programa social, vital para combatir la desnutrición en niños menores de seis años, madres gestantes y en periodo de lactancia, dejó de beneficiar a miles de personas debido a esta falta de acción. A pesar de contar con S/ 15,643,000 destinados para la compra de alimentos, estos gobiernos locales no gastaron ni un sol, incumpliendo su obligación de atender a los beneficiarios todos los días de la semana.
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¿Qué regiones y municipios incumplieron con el programa?
La Contraloría identificó que Apurímac lidera la lista con 22 municipios que no compraron insumos para el Vaso de Leche. Le siguen Áncash con 17, Huánuco con 15, Junín con 14, Ayacucho con 12, y Lima y Puno con 9 cada uno. Esta inacción afectó directamente a las poblaciones vulnerables que dependen de este programa para su nutrición.
Municipios señalados por la Contraloría
Entre los gobiernos locales que no cumplieron están la Municipalidad Provincial de Morropón y Paita en Piura, la Municipalidad Provincial de Pomabamba en Áncash, y las municipalidades distritales de Ancón en Lima y Ulcumayo en Junín. Estos municipios no solo dejaron de adquirir los insumos necesarios, sino que también omitieron reportar la información requerida sobre gastos e ingresos del programa.
¿Por qué es importante el Programa Vaso de Leche?
El Programa Vaso de Leche es un pilar fundamental para garantizar la alimentación de sectores vulnerables en el Perú. Su objetivo es proporcionar raciones diarias de alimentos ricos en nutrientes a niños, madres gestantes y personas con desnutrición. La falta de ejecución del presupuesto pone en riesgo la salud y el bienestar de estas poblaciones, agravando problemas de desnutrición crónica en el país.
¿Qué irregularidades adicionales detectó la Contraloría?
Además de no utilizar el presupuesto asignado, los 127 municipios incumplieron con la obligación de enviar reportes mensuales sobre gastos, ingresos y raciones distribuidas. Esta falta de transparencia dificulta el seguimiento y la fiscalización del programa, afectando su eficacia. La Contraloría subrayó que estas irregularidades contravienen la Ley N.º 27470, que exige la atención diaria a los beneficiarios y un manejo responsable de los recursos.
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