En un giro legal significativo, el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que podría tener amplias implicaciones en el ámbito de la administración interna de la justicia en el Perú. La demanda competencial presentada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia ha sido declarada infundada por el TC, desestimando así las acusaciones de presunta vulneración de funciones constitucionales.
El magistrado César Ochoa, en declaraciones exclusivas a Las Cosas como Son de RPP, confirmó que el Tribunal Constitucional ha resuelto con imparcialidad y independencia esta demanda, refutando los argumentos presentados por el Ministerio Público.
La controversia se centra en los actos de administración interna realizados por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la supuesta interferencia de la Junta Nacional de Justicia en dichos procesos. Sin embargo, el fallo del Tribunal Constitucional ha determinado que no hubo una vulneración clara y flagrante de las funciones constitucionales por parte de la JNJ.
Este pronunciamiento legal marca un hito en la relación entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, y probablemente generará debates sobre el alcance y los límites de las competencias de ambas instituciones en el sistema de justicia peruano. La decisión del Tribunal Constitucional, en última instancia, refleja la importancia de mantener un equilibrio entre los poderes y asegurar el respeto a la Constitución en todas las instancias del Estado.
