El Comando Operacional del Norte, instancia que articula el trabajo de la Policía Nacional y el Ejército, confirmó el hallazgo de tres personas fallecidas por impactos de bala, así como la captura de dos presuntos implicados, luego de un enfrentamiento armado ocurrido en un área de explotación minera del distrito de Pataz, en la región La Libertad.
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El hecho se registró en la bocamina conocida como Papagayo, situada en el sector Morena del anexo Vijus, un lugar de difícil acceso debido a su accidentada geografía. De acuerdo con la información oficial, personal de seguridad de la empresa minera Poderosa acudió a la zona tras escuchar disparos durante la madrugada del 31 de diciembre de 2025.
Las primeras investigaciones señalan que los fallecidos y los detenidos habrían intentado ingresar de manera ilegal a la concesión minera con el objetivo de sustraer material aurífero, lo que habría desencadenado un intercambio de disparos. La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz asumió el control de las diligencias, mientras que peritos del Departamento de Investigación Criminal de Huamachuco recolectaron once casquillos de bala como parte de las evidencias. Los cuerpos fueron trasladados a la División Médico Legal 2 de Trujillo, donde se realizará la necropsia correspondiente para confirmar sus identidades.
Más allá del reporte policial, este episodio vuelve a evidenciar la compleja y violenta realidad que se vive en las zonas mineras de Pataz. En estos espacios concesionados, donde muchas veces operan empresas tercerizadas encargadas del procesamiento del mineral, la seguridad se maneja bajo una lógica extrema. En la zona se describe que la protección de los socavones recae principalmente en seguridad privada, integrada en varios casos por exmiembros de las Fuerzas Armadas.
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La oscuridad de los túneles y el terreno rocoso hacen que la respuesta ante intentos de incursión ilegal sea directa y violenta. “Aquí la defensa es a balazos; es la única forma en que se protege el dinero en Pataz”, relataron fuentes locales.
Finalmente, se remarca que este tipo de hechos violentos está concentrado en las áreas de extracción minera y no en las comunidades cercanas. Así lo han señalado también las rondas campesinas, que cuestionan medidas como la inmovilización social en los centros poblados, cuando los principales enfrentamientos se producen lejos de la población civil, en zonas mineras donde la presencia efectiva del Estado sigue siendo limitada.
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