La organización TU – Transporte Unido, que reúne a empresas y conductores de los conos Norte, Sur, Este y Oeste de Lima, emitió un pronunciamiento público luego del atentado registrado el domingo 16 de noviembre contra un chofer de la empresa San Germán S.A. en San Martín de Porres. En el comunicado, el gremio advierte un incremento sostenido de la violencia criminal que afecta al transporte urbano y cuestiona el modelo operativo vigente, al que califican de incapaz de enfrentar a las bandas dedicadas a la extorsión y otros delitos.
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Cinco exigencias inmediatas al Gobierno
En su mensaje, Transporte Unido plantea cinco demandas urgentes dirigidas al Poder Ejecutivo. La primera es la captura de los responsables del ataque contra el conductor, un hecho que consideran un nuevo ejemplo del deterioro de la seguridad en las rutas de Lima.
Además, solicitan la ampliación del estado de emergencia en zonas críticas con medidas mucho más severas para desarticular a las organizaciones delictivas que operan en el transporte. El gremio también demanda la neutralización de grupos criminales extranjeros mediante operativos sostenidos, presencia continua del Estado y control territorial efectivo.
El pronunciamiento incluye la exigencia de desplegar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en puntos estratégicos, así como la instalación de bases militares móviles en zonas vulnerables y en las fronteras a fin de frenar el avance del crimen organizado.
Proponen mesas técnicas con seguimiento permanente
Los transportistas también piden la creación de mesas de trabajo en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio del Interior. Estas instancias, señalan, deben tener capacidad de seguimiento de casos, coordinación directa con los gremios y mecanismos de rendición de cuentas sobre las operaciones de seguridad.
Advertencia de paro ante nuevos ataques
El documento exhorta al presidente José Jerí y a todas las instituciones del Estado a actuar con firmeza contra el crimen organizado. El gremio afirma que no permitirá que el denominado “terrorismo urbano” se extienda en el transporte público ni que se normalice la violencia contra conductores y cobradores.
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Finalmente, Transporte Unido advierte que, si se registra un nuevo atentado o acto de criminalidad contra el servicio urbano, convocarán un paro general de 48 horas como una medida que consideran legítima ante el abandono del Estado. Según el gremio, la situación requiere acciones inmediatas para evitar que la inseguridad continúe paralizando al sector.
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