El INPE atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. En medio de denuncias por corrupción, operativos en penales y tensiones internas, los trabajadores penitenciarios evalúan iniciar una huelga nacional indefinida ante lo que consideran un manejo injusto y desinformado por parte del Gobierno.
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El anuncio del presidente José Jerí de reemplazar al Instituto Nacional Penitenciario por la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir) ha generado malestar y preocupación en los nueve sindicatos que integran la institución, quienes afirman que el problema real no está en la estructura, sino en los niveles más altos del mando.
Crisis en el INPE: ¿qué está pasando dentro del sistema penitenciario?
El sistema penitenciario peruano enfrenta simultáneamente cuestionamientos internos y externos. Las acusaciones por presunto cobro de coimas contra el actual jefe del INPE, Iván Emilio Paredes Yataco, han afectado la imagen institucional, mientras que el Ejecutivo impulsa una reforma que plantea la desaparición del organismo para dar paso a la Sunir. Las organizaciones sindicales aseguran que el Gobierno estaría actuando sobre diagnósticos equivocados y decisiones apresuradas.
Ángel Llancari, secretario general del SINTRAP-INPE, advirtió que el anuncio de reemplazar al instituto no contempla las verdaderas causas del deterioro interno. Señaló que es necesario combatir la corrupción en los niveles donde se toman decisiones, no culpar a los trabajadores operativos, quienes —según afirma— han sido injustamente señalados como responsables de la crisis.
¿De dónde provienen los mayores focos de corrupción dentro del INPE?
El sindicato sostiene que la corrupción no radica en el personal operativo, sino en funcionarios y cargos de confianza que controlan presupuesto, contratos y políticas internas. Llancari recordó que el uso del polígrafo en el INPE se implementó en 2021 precisamente para evaluar a quienes ocupaban puestos sensibles, como jefaturas de presupuesto, planificación, gerencia general, direcciones regionales y responsables de seguridad.
Sin embargo, afirmó que la prueba no fue aplicada de manera adecuada en los últimos años, permitiendo que prácticas irregulares se mantengan en la institución. “Si tenemos directores designados políticamente y sin compromiso para combatir la corrupción, esa será la política que se reproducirá en los penales”, enfatizó.
Cuestionamientos al presidente del INPE
La continuidad de Iván Paredes en la presidencia del instituto es otro punto de conflicto. El funcionario enfrenta una denuncia por presuntamente solicitar US$ 80.000 para favorecer la liberación de un expolicía condenado por secuestro. Esta acusación, según los trabajadores, afecta directamente la credibilidad del INPE y dificulta cualquier esfuerzo de reforma.
Llancari afirmó que los cuestionamientos “no han sido aclarados” y que mantener a Paredes en el cargo genera inestabilidad. Además, señaló que el presidente José Jerí habría recibido información sesgada sobre la situación interna del organismo, lo que estaría influyendo en la decisión de reemplazarlo por una superintendencia.
Huelga indefinida: motivos y reclamos pendientes
Los trabajadores del sistema penitenciario vienen evaluando una paralización total de actividades por el incumplimiento de acuerdos y la falta de transparencia en los procesos de valorización de bonificaciones. El Ministerio de Trabajo declaró improcedente la primera solicitud de huelga, pero los sindicatos insisten en que continuarán los trámites para hacerla efectiva.
Según Llancari, el INPE no ha entregado información completa sobre las valorizaciones de seguridad, impidiendo que el personal pueda verificar si corresponden a lo acordado. “Nos vienen postergando lo que hace mucho tiempo venimos solicitando”, señaló.
En paralelo, Julio César Burga, presidente del SINTPE-INPE, anunció plantones y paralizaciones progresivas como antesala a una huelga nacional indefinida, medida que sería adoptada si el Ejecutivo no retrocede en la propuesta de reemplazar al instituto.
¿Se concretará la huelga nacional indefinida del INPE?
Los nueve sindicatos que representan a los trabajadores penitenciarios se encuentran realizando reuniones y mesas de diálogo para definir una postura conjunta. Llancari confirmó que este martes se evaluará la decisión final y que la respuesta dependerá del avance en las conversaciones internas.
Burga anunció que, como medida inicial, este miércoles se realizaría una paralización en todos los establecimientos penitenciarios y anunció la posibilidad de una huelga indefinida si el presidente Jerí no dialoga directamente con los trabajadores.
¿El INPE es responsable del avance de la criminalidad?
Desde el sindicato también cuestionan a la Policía Nacional por responsabilizar al sistema penitenciario del incremento de la violencia y la extorsión. Llancari afirmó que muchos de los casos de sicariato y extorsión se gestan fuera de los penales, por lo que atribuir esta crisis al INPE sería “injusto y equivocado”.
El dirigente insistió en que el Ejecutivo debe instalar una mesa de trabajo con especialistas y trabajadores penitenciarios para diseñar una reforma realista y sostenible. “Los cambios son bienvenidos siempre que se hagan en favor de la institución y con participación de quienes conocen su realidad”, expresó.











