El Gobierno ha oficializado la ampliación, por 30 días, del estado de emergencia en la provincia de Pataz, lo que confirma que a partir de este viernes comenzará a regir el toque de queda en tres distritos de La Libertad que vienen siendo blanco de ataques por parte de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y la extorsión.
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De acuerdo con esta disposición, la inmovilización obligatoria se aplicará desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba. El objetivo es permitir que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen contra los grupos delincuenciales mientras la población permanece en sus viviendas. Como parte de esta medida, se han restringido los derechos de inviolabilidad de domicilio, libre tránsito y reunión, según lo establece el Decreto Supremo n.° 060-2025-PCM.
La norma también aclara que quedan exentos de esta inmovilización los trabajadores de servicios esenciales, como los de salud, saneamiento, seguridad, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza pública, recolección de basura y servicios funerarios.
Además, el decreto autoriza el funcionamiento de farmacias y boticas, así como el desplazamiento, ya sea a pie o en vehículo, de personas que necesiten atención médica urgente o adquirir medicamentos.
Refuerzan seguridad con más personal policial y militar
Desde este viernes, el control del orden interno en estos tres distritos quedará a cargo de las Fuerzas Armadas, con el respaldo de la Policía Nacional, conformando así un Comando Unificado en la provincia de Pataz. Según informó el Ministerio del Interior, se desplegarán 1.000 agentes policiales especializados para reforzar la seguridad en las zonas afectadas por la minería ilegal y las mafias vinculadas.
Por su parte, el Ministerio de Defensa indicó que el número de militares en la zona, que hasta ahora era de 100, también se incrementará con el propósito de realizar patrullajes en socavones y bocaminas.
El decreto también estipula la suspensión del derecho al libre tránsito para las actividades mineras en Pataz, Parcoy y Tayabamba. Esta decisión ha generado cuestionamientos, como el expresado por la minera Poderosa, debido a las pérdidas económicas que podría ocasionar. Frente a estas críticas, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aclaró que la restricción no afectará a las empresas formalmente registradas.
“Solo las operaciones informales deberán cesar sus actividades y suspender su tránsito durante los próximos 30 días, mientras las fuerzas del orden recuperan el control de la zona y realizan acciones contra las bandas criminales”, precisó el ministro.
Diez estados de emergencia sin resultados visibles
Cabe señalar que esta nueva prórroga se produce tras el asesinato de 13 agentes de seguridad de la empresa R&R, que brindaba servicios a la minera Poderosa.
De acuerdo con información publicada por La República, en Pataz se han decretado hasta diez estados de emergencia sin resultados significativos. En los últimos cuatro años, la minera ha reportado 39 asesinatos y la destrucción de 17 torres de alta tensión.
Al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas criticó la estrategia del Ejecutivo, señalando que el Gobierno de Dina Boluarte ha recurrido al discurso populista de emplear fuerzas militares y policiales para enfrentar a los grupos criminales, estrategia que —según Vargas— ya ha demostrado en el pasado ser ineficaz.
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