Desde la sede del Ministerio Público, el fiscal supremo Tomás Gálvez anunció en conferencia de prensa que ya adoptó la decisión de desactivar los equipos fiscales especiales, una medida que, según afirmó, no encontró oposición por parte de la Junta de Fiscales Supremos. Días antes, el fiscal interino de la Nación había adelantado públicamente su intención de disolver grupos como Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop.
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Gálvez sostuvo que la Junta dejó el tema en manos exclusivas de la Fiscalía de la Nación y que, por tanto, la resolución final recae en su persona. “La decisión está tomada con la anuencia de la Junta. Ellos no ordenaron la disolución, pero señalaron que es una competencia propia del fiscal de la Nación”, precisó.
Asimismo, informó que tras el anuncio sostendría reuniones con los coordinadores de las fiscalías especializadas para definir de qué manera se redistribuirá y absorberá el trabajo que venían realizando los equipos especiales dentro de las fiscalías correspondientes.
Recordó que el pasado 11 de diciembre había indicado que la propuesta sería evaluada por la Junta de Fiscales Supremos y que, de no alcanzarse un acuerdo, él mismo asumiría la decisión. No obstante, en sus declaraciones del 19 de diciembre aseguró que los fiscales supremos optaron por dejar la determinación bajo su responsabilidad.
Durante su intervención, Gálvez también lanzó severas críticas contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Sin presentar pruebas, los acusó de apropiarse de las investigaciones y de presuntamente encubrir a personas investigadas. Calificó su desempeño como un “fracaso evidente”, al considerar que tras varios años de indagaciones los resultados no han sido los esperados.
“Llevan diez años investigando y el fracaso es evidente. El encubrimiento también lo es, y por eso no quieren dejar los casos”, manifestó el fiscal interino.
Pese a la dureza de sus declaraciones, Gálvez no presentó evidencias que respalden sus acusaciones y evitó mencionar los avances logrados por el equipo especial Lava Jato, que permitieron procesar y obtener sentencias vinculadas a cuatro expresidentes.
Finalmente, aunque inicialmente negó que su postura respondiera a una represalia contra Rafael Vela, terminó aludiendo directamente a los comentarios del coordinador anticorrupción y cuestionó el rol de los medios de comunicación. Afirmó que existe una “campaña de desinformación” en su contra y pidió a la prensa mayor rigor y criterio al abordar el tema.
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