Un testimonio bajo reserva complica al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según la declaración de un testigo protegido, el funcionario habría intervenido para evitar el traslado de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, condenado a 27 años de prisión por su vínculo con la organización criminal “Los Pulpos”.
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El testigo asegura que Salirrosas debía ser trasladado del penal El Milagro (Trujillo) tras permanecer más del tiempo permitido en régimen de aislamiento. “El interno Marcelo Salirrosas estaba aislado en una celda de meditación, pero ya llevaba siete u ocho meses cuando la ley solo permite tres. El doctor Santiváñez ya había conversado con el presidente del INPE, Javier Llaque, para que no lo muevan”, declaró.
Una grabación difundida por Punto Final refuerza la versión: en ella, presuntamente Santiváñez afirma haber solicitado directamente al jefe del INPE mantener al reo en el penal.
Traslado en medio de acusaciones
El 12 de agosto, el INPE trasladó a “El Diablo” al penal de Cajamarca alegando que en su celda se hallaron artículos prohibidos: un USB, una radio y un cargador. No obstante, familiares del interno aseguran que se trató de una represalia vinculada a las investigaciones sobre tráfico de influencias y presunta protección desde el Ejecutivo.
Fuentes penitenciarias señalaron al dominical Panorama que, tras el traslado, Salirrosas fue víctima de al menos dos agresiones dentro del penal cajamarquino, quedando en una situación de mayor vulnerabilidad.
Nombres en la mira
El informe también menciona a Edwar Rebaza Iparraguirre, actual secretario general del Ministerio de Justicia, quien habría sido contactado en gestiones previas para coordinar con el entorno de Santiváñez. Rebaza negó cualquier irregularidad y afirmó: “Siempre me he regido en el marco de la legalidad”.
INPE responde
A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario aseguró que el traslado de Salirrosas se realizó por faltas disciplinarias graves y descartó que haya sufrido maltratos. “No existe reporte de agresiones ni afectaciones a su salud”, precisó la entidad.
El caso sigue bajo investigación y mantiene bajo presión al ministro Santiváñez, quien afronta cuestionamientos por presunta injerencia en favor de un integrante de una de las bandas criminales más temidas del norte del país.
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