El ministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero Cornejo, aclaró este lunes que la reciente suspensión de actividades mineras en la provincia de Pataz, La Libertad, por un periodo inicial de 30 días prorrogables, no afectará a las empresas formalmente constituidas. La medida, anunciada por el Gobierno, busca facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el control del territorio ante el avance del crimen organizado.
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Montero precisó que en la provincia de Pataz operan alrededor de 200 empresas de pequeña minería y minería artesanal debidamente formalizadas, las cuales no están sujetas a la suspensión. “La disposición no alcanza a las compañías que ya culminaron su proceso de formalización. Estas continúan operando con normalidad”, señaló.
Asimismo, recalcó que las empresas formales están claramente identificadas por las autoridades y son reconocidas por cumplir con los requisitos legales. “Ellas gozan del respaldo de la legalidad y, por tanto, no se verán afectadas por esta medida excepcional”, añadió el titular del Minem.
Medida apunta a frenar a mineros ilegales y bandas criminales
La suspensión temporal de la actividad minera tiene como objetivo principal permitir que las fuerzas del orden ingresen y estabilicen la zona, afectada por una creciente ola de violencia vinculada a la minería ilegal y al crimen organizado. Esta disposición sí recae sobre todas las operaciones que no cuentan con formalización vigente.
«El paro minero se aplicará únicamente a los que aún operan al margen de la ley. En los próximos 30 días, se restringirá su tránsito y operación, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional despliegan acciones para restablecer el orden y capturar a integrantes de redes delictivas», detalló Montero.
Ministro: «Reinfo ha sido mal utilizado por actores ilegales»
Durante su pronunciamiento, el ministro también abordó el papel del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Reconoció que en algunos casos, este sistema ha sido utilizado como escudo por operadores ilegales, permitiéndoles continuar sus actividades sin fiscalización efectiva.
«No es el único factor que explica la crisis en Pataz, pero sí ha contribuido al desorden y al crecimiento de la inseguridad. Hay una ausencia del Estado, falta de organización territorial y abandono histórico que deben ser corregidos de inmediato», puntualizó.
Cabe recordar que el Reinfo fue ampliado por el Congreso en diciembre de 2023 y su vigencia actual se extiende hasta el 30 de junio de 2025. No obstante, el Ejecutivo evalúa ajustes urgentes para cerrar los vacíos legales que han facilitado el avance de la minería ilegal.
«El Estado retomará el control del territorio», afirma Montero
«El mensaje es claro: el Estado está decidido a recuperar el control de Pataz y de cualquier zona del país donde el crimen organizado amenace la seguridad y el desarrollo”, finalizó Montero. Reiteró que el Perú es un Estado unitario, fuerte y con una sola ley para todos los ciudadanos, y que la lucha contra la ilegalidad debe darse de forma firme, sostenida y sin concesiones.
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