El Poder Judicial anunció que la audiencia de lectura de sentencia del expresidente Martín Vizcarra se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 a. m. El exmandatario es investigado por el presunto delito de cohecho relacionado con la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, obras ejecutadas durante su gestión como gobernador regional.
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Según la acusación fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos por un monto aproximado de 2.3 millones de soles a cambio de favorecer a empresas contratistas. Por este caso, el Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, ha solicitado una pena de 15 años de prisión.
Vizcarra defiende su inocencia y critica sustentos fiscales
Tras culminar la etapa de alegatos finales, el exjefe de Estado indicó que confía en los argumentos presentados por su defensa legal. A su salida de la sede judicial, manifestó que la exposición de su abogado desmontó la versión del Ministerio Público.
Vizcarra afirmó que la intervención fiscal de la semana anterior careció de precisión y sustento, mientras que la presentación de su defensa —según dijo— estuvo respaldada por pruebas sólidas que buscan acreditar su inocencia. Asimismo, reiteró que asistirá a la audiencia final y que respetará la resolución que emita el tribunal.
Cuestionamientos a empresas colaboradoras
Durante sus declaraciones, el expresidente también arremetió contra las empresas ICCGSA y Obrainsa, cuyos representantes han brindado testimonios en su contra como parte de procesos de colaboración eficaz. Vizcarra sostuvo que dichas compañías habrían recibido beneficios desproporcionados por parte del Equipo Especial Lava Jato y la Fiscalía.
Según sus palabras, estas empresas habrían sido favorecidas con la condonación de deudas que sumarían más de 1,300 millones de soles, sin que sus directivos enfrenten sanciones penitenciarias. Además, señaló que las declaraciones en su contra no habrían sido corroboradas durante el juicio.
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La audiencia del próximo 26 de noviembre será determinante para definir la responsabilidad penal del exmandatario en uno de los casos más relevantes vinculados a presuntos actos de corrupción en la contratación pública.
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