Poder Judicial ordenó la detención del mencionado, las dos exsecretarias del presidente Vizcarra y otros funcionarios.

La jueza Sonia Bazalar ordenó la detención preliminar, durante siete días, de diez personas, entre ellas Richard Cisneros, las dos exsecretarias del presidente de Perú, Martín Vizcarra y, otros funcionarios del Ministerio de Cultura, como parte de las investigaciones de un presunto caso de corrupción que llevó a debatir un pedido de destitución del presidente.

La decisión fue tomada a pedido de la fiscal provincial Janny Sánchez, quien solicitó la detención de las exsecretarias presidenciales Karem Roca y Miriam Morales, así como del cantante Richard “Swing” Cisneros, implicado en presuntos contratos irregulares en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020.

La Fiscalía estimó que, en una eventual acusación contra el cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, se tendría un pronóstico de pena no menor de 6 ni mayor de 15 años en la investigación que se le sigue por sus cuestionados contratos con el Estado.

En cualquiera de estos casos, se precisa, la pena sería de carácter efectivo y superaría el plazo de 4 años previsto por la ley en su condición de tercero interesado proveedor “que se habría valido de la malla de contactos de funcionarios de gobierno”.

En la resolución de detención se indica que Richard Cisneros no tiene arraigo domiciliario debido a que en su ficha Reniec registra una vivienda en San Isidro, mientras que en la Sunarp se encuentra inscrito otra propiedad en el Rímac. “Por lo cual no se tiene la certeza de la verdadera vivienda del investigado”, se menciona.

Peligro

El Ministerio Público informó, en un comunicado, que el pedido de detención se presentó “ante posible peligro de fuga y obstaculización del proceso”, y está a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Agentes de la Policía Nacional, fiscales anticorrupción y peritos del Ministerio Público participaron en operativos en las viviendas de las personas con orden de detención, entre las que se incluyó a Óscar Vásquez, ex coordinador de prensa y general de la Presidencia peruana, y siete funcionarios de Cultura. La decisión incluyó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones de los investigados, así como el allanamiento y registro de las viviendas de los implicados.

La fiscal, que realiza una investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible, consideró que existe el peligro de obstaculización y fuga de los implicados en este caso, que tienen “contactos de alto nivel”, y que, además, se estaría eliminando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.

La Fiscalía precisó que a Morales y Vásquez también se les investiga por delitos conexos de obstrucción a la justicia, y a Roca por los delitos de ocultamiento real y falsedad genérica.

Se informó que esta investigación, sostuvo, se basa “en diversos elementos de convicción como documentos, correos electrónicos, informes periciales”.