La tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo sigue causando conmoción entre los ciudadanos cada vez que recuerdan la fatídica noche del 21 de febrero pasado. El dolor se hace presente al pasar por el centro comercial clausurado, donde seis personas perdieron la vida y otras 81 resultaron heridas tras el colapso del techo en el patio de comidas. Han pasado ya tres meses y los responsables continúan en libertad, aunque la Fiscalía ha logrado identificar posibles causas del desastre.
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Una pieza fundamental en la investigación ha sido el testimonio de Julio Rivera Feijóo, ingeniero civil encargado de elaborar los planos para la ampliación del centro comercial en 2015. Rivera aseguró a la fiscal Carmen Varas que, si bien él no estuvo involucrado en la construcción, luego del siniestro envió un equipo a revisar los materiales utilizados y detectó una falla grave.
Según explicó, los pernos utilizados para unir las vigas de acero con las columnas de concreto no correspondían al tipo A325 especificado en su diseño, un modelo de alta resistencia capaz de soportar grandes cargas. “Los pernos de anclaje debían ser del tipo A325, que resisten más del doble que los convencionales y llevan una marca en alto relieve con esa denominación, pero ninguna de las tuercas inspeccionadas tenía tal inscripción”, declaró a un medio nacional.
Además, indicó que los pernos encontrados eran de menor diámetro al estipulado y presentaban una notable oxidación que comprometía la solidez de la estructura. Rivera recalcó también que nunca se le consultó sobre cambios en los materiales ni autorizó modificaciones en sus planos originales.
A partir de ese testimonio, las empresas involucradas en la obra comenzaron a deslindar responsabilidades. La ampliación del Real Plaza estuvo a cargo del consorcio Activa BGS SAC —integrado por Activa Perú M&O y BGS Ingenieros—, con Famome como subcontratista para la instalación de las estructuras metálicas del patio de comidas, y Schmidt Chávez Tafur Ingenieros (SCHT) a cargo de la supervisión.
Seis días después de la declaración de Rivera, los representantes de Activa BGS brindaron sus versiones ante la Fiscalía. Javier Del Río Arrieta, gerente general de Activa Perú, reconoció que contrataron a Famome para colocar las estructuras metálicas, pero negó que el informe técnico indicara expresamente el uso de pernos A325. Según él, se optó por utilizar pernos tipo A36, adecuados para cargas más ligeras.
“En ninguna parte de los planos se menciona que los pernos debían ser A325. En el plan de calidad aprobado por la supervisora se estableció el uso de A36, y así quedó registrado en los documentos de calidad tras la instalación”, puntualizó Del Río.
Por su parte, Javier Bazo Safra, gerente de BGS Ingenieros, afirmó que Famome fue responsable de adquirir los materiales y que SCHT validó tanto su calidad como su instalación. “No hubo observaciones ni contratiempos; todo se ejecutó según lo previsto”, sostuvo.
A diferencia de Rivera, Bazo aseguró que en los planos de fabricación de las estructuras metálicas se especificó claramente que los pernos de anclaje serían de acero A36 y que no existieron dudas sobre ello durante el proceso.
Posteriormente, los representantes de SCHT también declararon ante la Fiscalía. Jorge Chávez Tafur Gómez de la Torre, quien firmó el contrato de supervisión en 2015, alegó que nunca hizo seguimiento a la obra ni recibió consultas sobre los planos. Mientras tanto, Gabriel Chávez Tafur, actual gerente de la empresa, admitió que sí se realizaron “modificaciones menores” en el proyecto, y que estas fueron comunicadas a los proyectistas. Añadió que esta información la obtuvo de una reunión interna con miembros de su equipo, entre ellos el director del proyecto, James Wadsworth Olarte.
Perú21 intentó contactar a Famome para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta. La empresa ha cerrado su sitio web y otros canales de comunicación.
El diario también consultó al arquitecto Gerardo Berdejo, quien concluyó que el uso de pernos inadecuados afectó gravemente la resistencia de la estructura. “De acuerdo con las inspecciones, los pernos no solo no eran de tipo A36, sino que incluso su diámetro era menor al requerido, reduciendo la capacidad de carga del techo”, detalló. Añadió que el cambio de pernos no se justificaría por ahorro económico, ya que la diferencia de costos es mínima.
Berdejo además señaló que durante la construcción se cometieron “malas prácticas”, ya que una estructura de ese tipo debería haber permanecido firme de por vida.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas mortales y de los heridos continúan esperando que esta vez la justicia actúe y no demore en sancionar a los responsables.
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