La corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha adquirido una dimensión alarmante en el 2025. De acuerdo con datos oficiales proporcionados por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, un total de 570 agentes han sido implicados directamente en hechos vinculados a prácticas ilícitas, una cifra que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 21 de noviembre. El anuncio despierta preocupación no solo dentro de la institución, sino también entre la ciudadanía, que observa con inquietud cómo los casos de mala conducta policial continúan erosionando la confianza pública.
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Inspectoría General: sanciones y medidas disciplinarias en aumento
La Inspectoría General de la PNP ha tenido un protagonismo crucial durante este año. Según los reportes, en lo que va de 2025 se han impuesto 4.188 sanciones a efectivos policiales de distintos rangos, en respuesta a delitos, faltas graves y conductas impropias. De ese total, 1.456 sanciones corresponden a pases a retiro, una de las medidas más severas en el régimen disciplinario.
Dentro de ese grupo, 570 casos están directamente asociados a corrupción, lo que evidencia que las irregularidades no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno estructural. Estas sanciones buscan depurar a la institución y frenar el avance de prácticas que comprometen la seguridad ciudadana, el orden interno y la legitimidad de la autoridad policial.
¿Qué otros tipos de sanciones se aplicaron en 2025?
Además de los pases a retiro, la Inspectoría General aplicó 2.176 sanciones de rigor, que incluyen suspensiones temporales, arrestos administrativos y amonestaciones. Estas sanciones están dirigidas a conductas que, si bien no constituyen delitos, representan incumplimientos graves al reglamento institucional. En total, las medidas disciplinarias bordean las 4.200 acciones, reflejando un esfuerzo permanente de supervisión y control interno.
Casos emblemáticos que marcaron el 2025
Entre los episodios más recientes se encuentra el retiro del suboficial Abraham de la Cruz, intervenido en Ventanilla junto a su padre por presuntos vínculos con una red de extorsión. Este caso se convirtió en uno de los más comentados debido a la cercanía del detenido con grupos delictivos que operan en Lima Metropolitana.
Pero situaciones similares anteceden a 2025. Nombres como el de Georgy Araujo, alias “Puita”, señalado como armero de bandas criminales del Cono Norte, o el del suboficial Yohairo Arancibia, colaborador de Eric Moreno Hernández, continúan vigentes en la memoria colectiva por la gravedad de los hechos. Estos casos consolidaron una percepción negativa que la institución aún no logra revertir por completo.
El impacto en la imagen de la Policía Nacional
La reiterada exposición de agentes involucrados en corrupción afecta directamente la legitimidad de la PNP. Para un país que enfrenta altos niveles de criminalidad y violencia, la pérdida de confianza en sus fuerzas del orden es un golpe institucional difícil de sobrellevar. Autoridades y especialistas coinciden en que se necesitan reformas profundas y sostenidas para recuperar la credibilidad pública.
Acciones del Ministerio del Interior para frenar la corrupción
Como parte de la estrategia denominada “Tolerancia Cero a la Corrupción”, el Ministerio del Interior decidió transparentar de manera periódica la información relacionada con sanciones, investigaciones y procesos disciplinarios. La iniciativa busca consolidar un sistema más abierto y permitir que la ciudadanía conozca las medidas adoptadas contra la mala conducta policial.
“Aquel que cruza la vereda de la legalidad deshonra el uniforme y deja de ser un policía”, sostuvo el ministro Tiburcio durante su pronunciamiento. La declaración subraya el mensaje institucional: el Gobierno no tolerará actos que contravengan la ley ni conductas que socaven la autoridad moral de la PNP.
Pruebas de control y confiabilidad
Entre las herramientas impulsadas por el Ministerio resalta la implementación de pruebas de control y confiabilidad para el personal en actividad y para quienes aspiran a ingresar a las escuelas de formación. Estas pruebas incluyen el uso del polígrafo, evaluaciones de riesgo y análisis de entorno, con el fin de detectar tempranamente posibles vulnerabilidades.
El objetivo es impedir que personas con vínculos delictivos o con historial cuestionable accedan a puestos clave dentro de la institución, reduciendo así la probabilidad de que la corrupción siga escalando.
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