El Congreso aún no ratifica votación para impedir postulación de sentenciados.

En 35 días se acaba el plazo para que pueda entrar en vigencia la reforma constitucional para impedir que sentenciados en primera instancia puedan postular a un cargo público. Pero, al parecer, el Congreso no tiene ningún apuro en ratificar la medida. ¿Se logrará aprobar la reforma?

Hasta el momento se sabe que el debate posiblemente se inicie en la primera semana de setiembre, como indicó el presidente del Congreso, Manuel Merino, pero no se ha fijado fecha exacta.

“[…] probablemente lo pongamos en debate en la primera semana de setiembre y veremos si las condiciones son dadas y se someterá al voto o se irá a una nueva ronda de debate”, dijo en conferencia de prensa el también legislador de Acción Popular.

Puerta abierta

El dictamen había sido aprobado en primera votación durante la sesión virtual del pleno del pasado 5 de julio con 111 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención.

Para su ratificación y entrada en vigencia para las elecciones generales 2021, se requería una segunda votación con un mínimo de 87 votos a favor, pero estos no se lograron y la sesión plenaria, que se llevó a cabo el 13 de julio, quedó suspendida.

Hoy todas las miradas están sobre la comisión de Constitución del Parlamento, presidida por el congresista Omar Chehade de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), debido a que se mantiene la posibilidad de que sentenciados en primera instancia por delitos de corrupción, entre otros, puedan participar en comicios.

En el documento, se lee: “Están impedidos de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras, por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual, de acuerdo con los términos establecidos en la ley (artículo 34A)”. Esto significaría que podrán postular todos los que tienen sentencia en primera instancia por otros graves delitos, por ejemplo: corrupción.

Datos

* La reforma constitucional, vale recordar, plantea como principal impedimento para postular —y para ocupar puestos de confianza en el sector público, es preciso añadir—, el contar con una sentencia en primera instancia por delito doloso.