El estado de emergencia declarado por el Gobierno del presidente José Jerí en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao busca responder al incremento de la delincuencia, el sicariato, la extorsión y el tráfico ilícito de drogas. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM y publicada en el diario oficial El Peruano, estará vigente por un período de 30 días y tiene como finalidad recuperar el orden interno y la seguridad ciudadana.
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¿Por qué se declaró el estado de emergencia en Lima y Callao?
Según el Ejecutivo, la declaratoria se sustenta en informes de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), los cuales evidenciaron una grave alteración del orden público en ambas jurisdicciones. Los altos índices de criminalidad, los constantes enfrentamientos armados y la expansión de redes de extorsión llevaron al Gobierno a implementar esta medida excepcional.
Durante este período, la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervendrán en tareas de patrullaje, control territorial y apoyo operativo en zonas críticas. El objetivo central es reducir la violencia, recuperar espacios públicos y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
¿Qué derechos se restringen durante el estado de emergencia?
El estado de emergencia permite la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Las restricciones se aplican para facilitar la actuación de las fuerzas de seguridad y enfrentar de manera efectiva a la criminalidad organizada. Entre los derechos restringidos se encuentran:
- Libertad y seguridad personales: se autoriza la intervención de las fuerzas del orden para realizar detenciones y verificaciones de identidad sin orden judicial, cuando existan sospechas fundadas.
- Inviolabilidad del domicilio: las autoridades pueden ingresar a viviendas o inmuebles sin autorización judicial, en casos de flagrancia o cuando se considere necesario para una operación de seguridad.
- Libertad de reunión y tránsito: se limita la libre circulación en determinados horarios y zonas consideradas de alto riesgo. Además, toda reunión o actividad masiva requerirá permiso previo de las autoridades competentes.
El Gobierno aclaró que las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo deberán ser previamente autorizadas, mientras que las de menor escala podrán realizarse sin restricciones, siempre que no afecten el orden público.
Intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas
Durante el estado de emergencia, la PNP y las Fuerzas Armadas actuarán de acuerdo con los Decretos Legislativos N° 1186 y N° 1095, que regulan el uso de la fuerza y establecen límites y procedimientos para su aplicación. Estas normas garantizan que toda intervención respete los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, pero con la firmeza requerida para restaurar la seguridad.
Medidas concretas de control y patrullaje
Las principales acciones establecidas en el decreto incluyen:
- Control territorial focalizado en zonas de mayor incidencia delictiva.
- Patrullajes constantes en calles, estaciones del metro, terminales de transporte y áreas estratégicas.
- Operativos de búsqueda y captura de personas requisitoriadas o vinculadas a redes criminales.
- Control de identidad en inmuebles y vehículos, incluyendo el descerraje en caso necesario.
- Fiscalización y decomiso de armas, explosivos, drogas y productos ilegales.
Estas acciones buscan devolver la seguridad a los ciudadanos y reducir la actividad de organizaciones delictivas en los distritos más afectados de Lima y Callao.
Control penitenciario y seguridad en los penales
El decreto también contempla medidas específicas para los establecimientos penitenciarios, con el fin de evitar que continúen operando redes criminales desde el interior de las cárceles. Entre las disposiciones destacan:
- Restricción de visitas: solo una visita semanal para internos del régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para los del régimen cerrado especial, limitada a familiares directos.
- Apagón eléctrico en celdas: se permitirá únicamente la iluminación mínima durante las noches para reforzar el control de seguridad.
- Desmontaje de antenas y equipos ilícitos de telecomunicación, en operativos a cargo de las Fuerzas Armadas.
Además, el Comité de Fiscalización coordinará operativos en mercados informales para combatir delitos relacionados con la trata de personas, el tráfico de drogas, el mercado ilegal de armas y autopartes, así como la venta clandestina de celulares y chips utilizados para extorsión o secuestro.
Impacto del estado de emergencia en la ciudadanía
Si bien el estado de emergencia busca garantizar la seguridad, también implica cambios temporales en la vida cotidiana de los ciudadanos. Las restricciones al tránsito, las intervenciones policiales y los controles de identidad pueden generar incomodidades, pero se aplican con el propósito de recuperar el orden público y reducir la criminalidad.
El Gobierno ha hecho un llamado a la población para colaborar con las fuerzas del orden, respetar las disposiciones y reportar actividades sospechosas. Asimismo, se ha comprometido a evaluar constantemente los resultados de la medida y su impacto en la seguridad ciudadana.
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Una medida excepcional frente a una crisis de seguridad
El estado de emergencia en Lima y Callao es una respuesta directa a la crisis de inseguridad que afecta a millones de ciudadanos. Aunque implica restricciones a derechos constitucionales, su propósito es restablecer la paz y fortalecer la capacidad del Estado para combatir la criminalidad organizada.
En los próximos días, la efectividad de las acciones de control, patrullaje y fiscalización será clave para determinar si la medida logra su objetivo principal: devolver la tranquilidad y la confianza a la población peruana.
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