Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República genera controversia al proponer la reelección excepcional de los actuales consejeros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta iniciativa, liderada por la congresista Katy Ugarte del Bloque Magisterial, despierta preocupación entre universidades y especialistas, quienes advierten sobre un posible retroceso en la reforma universitaria.
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¿Qué propone el proyecto de ley sobre Sunedu?
El proyecto, presentado como una medida para “garantizar la participación equilibrada” en Sunedu, incluye una disposición que permite la reelección de los actuales miembros del consejo directivo por un periodo adicional. Además, plantea aumentar la representación de universidades privadas en el consejo, pasando de uno a dos representantes: uno por universidades societarias (con fines de lucro) y otro por asociativas (sin fines de lucro). Esto elevaría el número de consejeros de siete a ocho.
Otra propuesta clave es otorgar al superintendente un voto dirimente en las sesiones del consejo, fortaleciendo su influencia. Estas modificaciones, según expertos, profundizan la contrarreforma universitaria iniciada en 2023 con la Ley n° 31520, que debilitó la autonomía de Sunedu.
¿Por qué buscan la reelección de los consejeros de Sunedu?
La gestión de cuatro de los siete consejeros de Sunedu, incluyendo al superintendente Manuel Castillo, finaliza el 24 de febrero de 2026. La iniciativa de Katy Ugarte parece responder a la necesidad de prolongar su permanencia, evitando recambios en el consejo. Los consejeros afectados son Manuel Castillo (elegido por rectores de universidades públicas), Andrés Ramos (designado por el Minedu), Miguel Vallejos (elegido por colegios profesionales) y Manuel Hernández (designado por rectores públicos).
Polémicas en la gestión de Manuel Castillo en Sunedu
La gestión de Manuel Castillo ha estado marcada por controversias. En 2023, facilitó el reconocimiento de Santos Montaño, su excliente, como rector de la Universidad Nacional de Piura, quien luego fue condenado por corrupción. Además, Castillo eliminó direcciones clave de Sunedu, como las de licenciamiento y fiscalización, fusionándolas en una sola, lo que generó críticas por debilitar la supervisión universitaria.
En 2024, Castillo otorgó reconocimientos a promotores de la Ley n° 31520, como el congresista Esdras Medina y la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón. También incumplió promesas de no licenciar universidades con licenciamiento denegado, autorizando a instituciones como la Universidad Peruana del Centro.
¿Qué dicen las universidades sobre esta iniciativa?
La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) expresó su preocupación y pidió una revisión exhaustiva del proyecto. El exviceministro José Luis Gargurevich alertó que esta iniciativa busca “entornillar” a los actuales consejeros, cuestionando la pérdida de meritocracia en Sunedu.
¿Cómo afecta esto a la calidad educativa?
La contrarreforma y la posible reelección de consejeros podrían consolidar un modelo donde las universidades actúan como juez y parte, afectando la calidad educativa. La falta de fiscalización y la mayor influencia de intereses privados en Sunedu generan temores sobre el futuro del sistema universitario peruano.
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