Un grupo de representantes y trabajadores de 35 empresas contratistas protagonizó este miércoles una protesta en el segundo nivel del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los manifestantes exigieron que se les abone de inmediato el pago por los servicios realizados durante la construcción de la moderna infraestructura aeroportuaria.
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Según detallaron a medios locales, estas compañías no han recibido la retribución correspondiente por obras y servicios ejecutados, acumulando una deuda que —afirman— asciende a 82 millones de dólares. Algunos proveedores señalaron que mantienen facturas impagas desde hace más de dos años, lo que ha generado un impacto económico significativo en sus operaciones y en sus trabajadores.
Una de las participantes explicó que se trata de un problema que afecta a decenas de empresas y cientos de empleados: “Estamos alrededor de 30 empresarios agrupados y el monto pendiente supera los 82 millones de dólares. Hay proveedores que llevan más de dos años sin ver un solo pago. Cada compañía tiene entre 100 trabajadores perjudicados. Lo único que pedimos es un cronograma claro y una señal de que cumplirán con lo acordado”.
La manifestación se desarrolló bajo la supervisión de agentes policiales, quienes permanecieron en la zona para garantizar el orden. Pese a la protesta, el tránsito de pasajeros —tanto nacionales como extranjeros— hacia el área de taxis y zonas adyacentes continuó sin alteraciones.
LAP responde y niega responsabilidad en la deuda
Ante la repercusión del reclamo, José Antonio Hernández Oliva, vocero de Lima Airport Partners (LAP), brindó su versión de los hechos y rechazó que la concesionaria mantenga deudas con las empresas subcontratadas.
“El pedido que se ha hecho público no es correcto. Como LAP, hemos cumplido con el 100% de nuestras obligaciones frente al consorcio contratista. Existe una empresa responsable del diseño, construcción y procura del nuevo terminal, y estamos al día en todos los pagos. No tenemos deudas pendientes”, afirmó.
Hernández Oliva precisó que el conflicto surge de una relación comercial entre el consorcio constructor y sus propios proveedores. “Lo que se ha expuesto hoy corresponde a una posible deuda entre el contratista o los integrantes de ese consorcio y sus proveedores. El consorcio Inti Punku está conformado principalmente por Sacyr y Cumbra Ingeniería y Construcción”, detalló.
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LAP afirma haber intentado mediar en el conflicto
El vocero añadió que la concesionaria ha actuado como intermediaria en los últimos meses para facilitar una solución entre las partes involucradas. “Hemos estado en contacto permanente con el consorcio. Personalmente, me reuní con alrededor de cincuenta empresas para revisar la información sobre la supuesta deuda y trasladar sus inquietudes al consorcio, alentando a que cumplan con sus compromisos lo antes posible”, indicó.
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