En respuesta al déficit de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), el congresista José Luis Elías Ávalos, de Alianza Para el Progreso (APP), ha presentado un proyecto de ley que propone reducir el resguardo policial a altos funcionarios del Estado, con el objetivo de liberar agentes para labores de patrullaje en zonas críticas.
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La iniciativa legislativa, ya presentada ante el Congreso, propone eliminar la modalidad de seguridad “semi integral”, una de las tres categorías de protección que actualmente se asigna a funcionarios públicos. Esta medida afectaría directamente a:
- Ministros de Estado
- Presidente del Poder Judicial (Janet Tello)
- Primer Ministro (Eduardo Arana)
- Fiscal de la Nación (Delia Espinoza)
- Jueces y fiscales supremos
- Contralor General (César Aguilar)
- Comandante General de la PNP (Víctor Zanabria)
- Expresidentes de la República
- Presidente del Congreso (Eduardo Salhuana)
Los congresistas, sin embargo, conservarían su actual nivel de resguardo, generando controversia por el tratamiento diferenciado.
¿Qué implica la eliminación de la seguridad semi integral?
El sistema actual establece tres tipos de resguardo:
- Integral: Protección total dentro y fuera del país.
- Semi integral: Protección personal continua y vigilancia domiciliaria, pero sin protección a familiares ni centros de trabajo.
- Personal: Solo resguardo al funcionario, sin incluir residencia ni entorno laboral.
El proyecto de ley propone que quienes hoy reciben seguridad semi integral pasen al régimen de seguridad personal, con un máximo de dos agentes policiales por autoridad, según análisis de riesgo realizado por la PNP.
Objetivo: más policías patrullando las calles
Según Elías, “la asignación actual de personal policial al resguardo de autoridades es excesiva” y se requiere una reorganización urgente para priorizar la seguridad ciudadana.
“Buscamos un uso racional de los recursos humanos policiales. La policía debe estar en las calles, no protegiendo a políticos que ya no ocupan cargos de riesgo directo”, indicó.
¿Qué pasará con las autoridades expuestas?
Esta propuesta afectaría directamente a funcionarios vinculados con la lucha contra el crimen organizado, como jueces, fiscales y el propio comandante general de la PNP, lo cual podría exponerlos a mayores riesgos de seguridad, en un contexto de amenazas, mafias y crimen estructurado.
El proyecto aclara que las medidas de seguridad podrán incrementarse solo si una evaluación técnica de riesgo y vulnerabilidad así lo justifica, mediante informes elaborados por unidades especializadas de la Policía Nacional.
El único funcionario que mantiene el nivel de seguridad integral, según esta propuesta de ley, sería el presidente de la República.
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