El proyecto de ley es para quienes hayan estado al día antes de la pandemia en créditos de consumo, hipotecario y mypes.

El Gobierno ha planteado un proyecto de ley para apoyar a los peruanos que tengan problemas para pagar sus deudas en el sistema financiero. Con esta propuesta, el Estado daría un aval parcial para las entidades financieras que cumplan con dos requisitos: que reprogramen los plazos de pago y que reduzcan el costo financiero para los clientes en al menos 20%.

¿Quiénes se beneficiarían? En los casos de los créditos de consumo, aquellos peruanos con una deuda menor a S/5.000; para los créditos hipotecarios, se destinará el apoyo para quienes hayan solicitado el préstamo para una primera vivienda con un valor de menos de S/200.000; y para las mypes que tengan una deuda menor a S/20.000.

Más de 3 millones

El proyecto del Ejecutivo beneficiará a más de 3,3 millones de clientes que han estado al día antes de la pandemia. Así lo dijo el director general de Mercados Financiero y Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham Yamahuchi.

Precisó que el proyecto consiste en un programa de garantías y aplica para quienes hayan estado al día en sus pagos hasta febrero del presente año, antes que comenzara la pandemia del coronavirus, en los segmentos de créditos de consumo, hipotecario y de las mypes.

“El proyecto consiste es enfocarse en los clientes de menores ingresos y que necesitan una flexibilización de las condiciones para pagar su deuda”, declaró.

Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que los deudores que consiguieron reprogramar sus créditos con los bancos en meses pasados también pueden beneficiarse con este proyecto de ley.

“En este proyecto son elegibles tanto los deudores que han sido atendidos con reprogramaciones y puedan requerir una reprogramación adicional y una reducción de tasas de interés, como aquellos que no han sido atendidos con las reprogramaciones”, explicó la jefa de la SBS, Socorro Heysen.

Sostuvo que el plan busca reprogramar los plazos y reducir el costo financiero para los clientes, con el incentivo de que el Estado ofrezca una garantía parcial en caso haya potenciales pérdidas por el no pago oportuno de las deudas.