La Contraloría General de la República reveló que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) pagó US$ 10 028 467 a una empresa privada tras perder un proceso arbitral internacional. El caso se originó por la resolución indebida de un contrato millonario, lo que generó un grave perjuicio económico al Estado y mantiene paralizados proyectos claves de conectividad en Piura y Tumbes.
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Según el informe de control, Pronatel negó de manera injustificada una séptima ampliación de plazo solicitada por la empresa contratista, pese a que anteriormente había aprobado seis extensiones debido a problemas con la adquisición de terrenos para la instalación de nodos. Tras la resolución del contrato, la empresa llevó el caso a arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, que finalmente falló a su favor en 2022.
Impacto en comunidades, colegios y centros de salud
El contrato, valorizado en más de US$ 98.5 millones, estaba destinado a instalar redes de banda ancha en Piura y Tumbes para garantizar acceso a Internet de alta velocidad. Sin embargo, tras el fallo arbitral y la posterior paralización de los proyectos, 422 comunidades rurales, 428 colegios públicos, 254 centros de salud y 35 comisarías quedaron sin el servicio proyectado.
La indemnización fue reconocida bajo el concepto de lucro cesante, es decir, por las ganancias que la empresa dejó de percibir tras la resolución irregular del contrato, más intereses acumulados. Pronatel ejecutó el pago entre octubre de 2024 y enero de 2025.
Responsables y retrasos en la gestión
La Contraloría identificó presunta responsabilidad civil en seis funcionarios y servidores de Pronatel, quienes habrían ocasionado el perjuicio económico al Estado. El organismo recordó que la propia entidad reconoció previamente que la falta de saneamiento de predios y la oposición de comunidades locales dificultaban el avance del proyecto, factores que no eran imputables a la empresa.
Aun así, en 2019 Pronatel resolvió el contrato tras dar un ultimátum de 15 días a la contratista, cuando las obras ya acumulaban entre 186 y 248 días de retraso.
El laudo arbitral marcó un precedente en la gestión de los proyectos de telecomunicaciones en el Perú, donde la mayoría enfrenta problemas similares de saneamiento físico-legal de predios y resistencia social, retrasando el acceso a Internet en las regiones más alejadas.
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